La política energética mexicana suma un nuevo elefante blanco. En esta ocasión el Comité Técnico Científico para evaluar la viabilidad de un “fracking sustentable”, cuyos primeros resultados debían presentarse el 15 de junio, pero que hasta ahora permanecen sin información pública.
México cuenta con importantes recursos de gas shale, particularmente en la Cuenca de Burgos y la Cuenca Tampico-Misantla, donde la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) había estimado recursos técnicamente recuperables por decenas de miles de millones de pies cúbicos. Sin embargo, su desarrollo ha estado congelado durante años por restricciones regulatorias y una narrativa política contraria a la fractura hidráulica.
La creación de este comité sugiere que el tema no está cerrado. Bajo presión de factores como el crecimiento de la demanda de gas natural, la dependencia de importaciones —que supera el 70% del consumo nacional, principalmente desde Estados Unidos— y el auge del nearshoring, el debate sobre el fracking vuelve a tomar relevancia.
El concepto de “fracking sustentable” busca posicionarse como un punto intermedio. Permitir la explotación de recursos no convencionales bajo estándares ambientales más estrictos. No obstante, la viabilidad de este enfoque enfrenta varios retos.
Primero, el componente técnico. La fractura hidráulica requiere grandes volúmenes de agua, manejo de químicos y control de emisiones fugitivas de metano. Implementar estándares más rigurosos implica mayores costos operativos, lo que podría afectar la rentabilidad de los proyectos.
Segundo, el factor social. En regiones potenciales de desarrollo, como el norte de Veracruz o Tamaulipas, existen antecedentes de oposición comunitaria y preocupaciones por impactos ambientales, especialmente en acuíferos.
Tercero, la transparencia. La ausencia de información sobre los avances del comité genera dudas sobre la dirección real de la política energética. En un contexto donde el discurso oficial ha sido consistente en rechazar el fracking, la falta de comunicación abre espacio a especulación sobre posibles cambios de postura.
Además, el timing es relevante. Mientras México evalúa internamente esta posibilidad, Estados Unidos continúa expandiendo su producción de shale, consolidándose como el principal proveedor de gas para el país. Esto refuerza una paradoja estructural: México rechaza desarrollar sus propios recursos no convencionales, pero depende crecientemente de ellos a través de importaciones.
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El resultado del comité podría definir un punto de inflexión. Si se avala algún modelo de fracking “controlado”, el país podría reabrir una discusión estratégica sobre seguridad energética. Si se descarta, se confirmaría la continuidad del modelo actual basado en importaciones.
Por ahora, el silencio institucional es el principal mensaje. Y en política energética, lo que no se comunica también define el rumbo.
