La discusión sobre la extracción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales volvió a los reflectores internacionales, situándose en la frontera entre las posturas diplomáticas y las realidades regulatorias en campo.
Durante el examen del séptimo informe periódico de México ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, la embajadora Francisca Méndez afirmó que en el país «el fracking no es una técnica que utilicemos». Asimismo, la diplomática sostuvo que el Gobierno no desarrollará proyectos en yacimientos de baja permeabilidad mientras no existan garantías de que no generarán impactos ambientales ni afectaciones a las comunidades.
El trecho entre el discurso y el marco técnico: Para los analistas y desarrolladores del sector energético, la declaración ante el órgano multilateral debe ser ponderada con rigor normativo y metodológico:
- Naturaleza del anuncio: Se trata de un posicionamiento diplomático y político en un foro de derechos humanos, el cual no equivale por sí solo a una nueva prohibición legal aprobada por el Congreso, un decreto ejecutivo o la actualización de los lineamientos técnicos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) o la ASEA.
- Atribución institucional: La premisa de que la técnica no se utiliza actualmente en territorio nacional forma parte de la narrativa oficial transmitida por la delegación mexicana, por lo que debe mantenerse atribuida a la autoridad gubernamental y no como una verificación técnica independiente.
- La prueba de ausencia de daño: Exigir «demostrar la ausencia de impactos» establece un estándar analítico complejo. En la práctica de evaluación de impacto ambiental (MIA), los proyectos no acreditan una ausencia absoluta de impacto, sino la caracterización de riesgos y la viabilidad de sus medidas de mitigación y compensación.
Por qué importa: El trasfondo de la comparecencia ante la ONU expone las tensiones en torno al recurso hídrico y la transición energética. Mientras colectivos de la sociedad civil exigen una prohibición explícita y vinculante en ley, el Ejecutivo mantiene la puerta abierta a evaluar tecnologías sustitutas o de menor impacto en caso de que los análisis en pozos exploratorios confirmen la presencia de recursos no convencionales sustentables.
📌 Ficha del caso
- Foro: Examen del Comité DESC de la ONU (Ginebra, Suiza).
- Vocera: Embajadora Francisca Méndez, representante de la Misión Permanente de México en Ginebra.
- Postura oficial: Afirmación de que México no practica la fracturación hidráulica y que detendrá o condicionará desarrollos no convencionales hasta contar con evidencia de nulo impacto ambiental.
- Alcance jurídico: Declaración en foro internacional de derechos humanos; no constituye reforma regulatoria, prohibición en ley ni ajuste de lineamientos en la ASEA/SENER.
- Exigencia de colectivos: Organizaciones civiles demandan traducir el discurso a una prohibición formal en la legislación y asignar presupuesto cero a la técnica en el Paquete Económico.
