La política energética mexicana orientada a expandir la oferta de gas natural enfrenta severos cuestionamientos por parte de expertos en gobernanza y sustentabilidad. Durante un encuentro digital organizado por el NRGI, especialistas advirtieron que la estrategia gubernamental de impulsar la producción nacional de hidrocarburos —incluyendo la consideración de técnicas de fracturación hidráulica o fracking— no resolverá la vulnerabilidad del sistema eléctrico, sino que profundizará un fenómeno de inercia tecnológica conocido en el sector como lock-in estructural.
De acuerdo con Talia Contreras, oficial de programa del NRGI, el diseño logístico de la red nacional de ductos y las centrales de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han sido estructurados para perpetuar el consumo de gas. La investigadora argumentó que edificar más infraestructura de transporte imposibilita un cambio de trayectoria en el mediano plazo, volviendo la transición energética un proceso más costoso, lento y riesgoso. Los ponentes coincidieron en que la soberanía no se alcanza aumentando la oferta de un combustible fósil cuya cadena de valor está anclada a la importación.
El entorno internacional introduce variables de volatilidad financiera que incrementan el riesgo para las finanzas públicas de la república. Aaron Sayne, oficial senior del instituto, apuntó que la creciente exportación de gas natural licuado (GNL) desde Estados Unidos hacia los mercados de Europa y Asia elevará la competencia global y los precios de la molécula. El especialista calificó al fracking como una “solución falsa”, citando los precedentes de naciones que fracasaron al intentar implementar esta técnica debido a complicaciones geológicas, falta de capital extranjero y desfases temporales frente a las crisis que pretendían resolver.
Por qué es importante
La dependencia hacia el gas natural expone a la matriz de planeación energética del país a choques externos de precios y desabasto logístico. Destinar Capex público a proyectos de extracción no convencionales como el fracking resta recursos indispensables para el despliegue de energías renovables y sistemas de almacenamiento en baterías, comprometiendo los compromisos internacionales de descarbonización de México.
Quiénes están implicados
- Natural Resource Governance Institute (NRGI): Organización internacional encargada de evaluar la gobernanza de los recursos energéticos.
- Talia Contreras y Aaron Sayne: Analistas de la institución que formularon las advertencias técnicas sobre el modelo fósil.
- Aleida Azamar Alonso: Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que contrastó el modelo con el caso Vaca Muerta.
- Susana Cazorla Espinosa: Socia de la consultora SICEnrgy y especialista en mercados regulados de energía.
El panorama general
El debate técnico se suscita en junio de 2026, un periodo en el cual los reguladores federales han priorizado proyectos de infraestructura de gasoductos en el noroeste del país para interconectar terminales de licuefacción costeras. Mientras las agencias estatales defienden estas obras como motores de desarrollo regional, la comunidad académica cuestiona que no exista una fecha de caducidad explícita para el uso del gas como combustible de transición, postergando la electrificación masiva de la economía.
Impacto
La persistencia en el modelo gasífero obliga al sector industrial a asumir los costos de la volatilidad tarifaria de los índices de Texas. Para las comunidades locales, la eventual apertura a proyectos de fracturación hidráulica representa una amenaza directa sobre la disponibilidad de acuíferos regionales, replicando los pasivos ambientales y la baja rentabilidad financiera observados en los campos de esquisto estadounidenses.
Lo que sigue
En los próximos meses, las instituciones de planeación del sector eléctrico evaluarán la viabilidad de integrar mecanismos vinculantes de gestión de la demanda y eficiencia energética. Por su parte, los centros de investigación mantendrán el monitoreo de los presupuestos federales de inversión para determinar si el gasto público continúa favoreciendo las tecnologías fósiles por encima del portafolio de generación limpia.
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