Ni los altos precios internacionales del crudo bastarán para sanear las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex). Según un reciente análisis de la agencia calificadora Moody’s, los ingresos que registrará la petrolera estatal cuando menos hasta el año 2028 serán insuficientes para cubrir sus obligaciones financieras. Esto obligará a la empresa del Estado a continuar dependiendo fuertemente del respaldo y las inyecciones de capital del Gobierno Federal.
En el reporte titulado “Las ganancias de las petroleras nacionales de AL por los altos precios dependen del alcance de las políticas gubernamentales”, Moody’s expone que Pemex mantendrá un flujo de efectivo libre negativo durante los próximos cuatro años. La razón principal recae en que el propio Gobierno limita efectivamente el beneficio crediticio del alza de los commodities al restringir el traslado de los mayores costos del rubro de refinación hacia los consumidores finales de gasolina y diésel.
El costo de las políticas de contención de precios
Al cierre del primer trimestre del año, Pemex acumulaba una deuda financiera de 85 mil millones de dólares, enfrentando compromisos de amortización tan solo para este ejercicio por alrededor de 13 mil 400 millones de dólares. A pesar de un entorno internacional favorable para el precio del petróleo, las políticas públicas locales impiden que este contexto se traduzca en rentabilidad para la petrolera.
Para estabilizar los precios de los combustibles en el mercado interno, el Gobierno ha recurrido al ajuste del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), fijando topes a las gasolinas y al diésel mediante pactos voluntarios y precios especiales a estaciones de servicio que compran a Pemex. La calificadora calcula que estas medidas implican subsidios aproximados de 4.6 pesos por litro para el diésel y 3.3 pesos por litro para la gasolina.
Esta regulación comercial expone a Pemex a las políticas de precios locales en lugar de a las referencias del mercado internacional, comprimiendo de manera drástica los márgenes de su segmento downstream (refinación, comercialización y distribución) en periodos de precios elevados.
Asimetrías fiscales y el impacto de la soberanía energética
El reporte de Moody’s destaca profundas asimetrías operativas y fiscales que distorsionan la economía de la empresa:
- Carga fiscal sobre extracción: Pemex le paga al Gobierno un impuesto de aproximadamente el 30 por ciento sobre el valor de los hidrocarburos extraídos a precios de mercado.
- Venta a precios regulados: La petrolera debe vender sus productos refinados a precios fijados por el Estado, aunque los costos de sus insumos reflejan el costo de producción del petróleo y no los valores internacionales, impidiendo que el segmento de refinación recupere ese valor.
- Reducción de exportaciones: La estrategia de soberanía energética que prioriza el procesamiento local sobre la exportación redujo los envíos de crudo al extranjero un 28 por ciento en 2025, ubicándose en alrededor de 581 mil barriles diarios.
Esta combinación desplaza a Pemex de los mercados de exportación altamente rentables para concentrar su operación en los márgenes estructuralmente más débiles y de altos costos del downstream, consolidando su dependencia del refinanciamiento soberano.
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