Las declaraciones de Rubén Moreira —exgobernador de Coahuila y legislador federal— colocan el foco en la dimensión macroeconómica del contrabando de combustibles en el norte del país. Al contrastar la postura de persecución política con la magnitud del desfalco señalado por agencias estadounidenses (donde hasta el 33% del mercado comercializado sería ilícito), el debate legislativo presiona para que las investigaciones de la FGR se extiendan de forma transparente a más redes operativas en la frontera sin vulnerar el debido proceso.
El panorama general
El diputado federal Rubén Moreira Valdez fijó su postura frente a los medios de comunicación respecto a la reciente detención de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en México. Moreira pidió cautela, respeto a las garantías individuales de los imputados y enfatizó que el “huachicol fiscal” representa un boquete económico de tal escala para la hacienda pública que la autoridad federal “hace bien” en investigarlo de fondo.
Los datos clave
- La cifra del contrabando nacional: Citando estimaciones de autoridades de Estados Unidos, Moreira afirmó que la tercera parte (alrededor del 30% al 33%) de todo el combustible que se expende en las estaciones de servicio de México proviene del tráfico ilegal e informal.
- Debido proceso e inocencia: El legislador subrayó la importancia de garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso para Ruffo Appel y cualquier implicado, señalando que si existe culpabilidad comprobada, debe haber sanciones.
- Señalamiento de irregularidades procedimentales: Moreira puso sobre la mesa observaciones críticas respecto a las primeras etapas de la detención:
- Cuestionó que la audiencia inicial no haya sido pública.
- Dejó en duda la responsabilidad penal automática de Ruffo al señalar: “queda la duda de si este personaje por ser solamente accionista ya era responsable de la operación de una sociedad”.
- Rechazo a calificarlo como “persecución política”: Evitó catalogar la aprehensión como un acto de venganza del régimen, pidiendo esperar a los resultados de las investigaciones ministeriales.
- Coordinación e investigación local: Destacó que el expediente que involucra redes de huachicol y a una “empresa espuela” en Ramos Arizpe, Coahuila, nació de denuncias de autoridades locales, recordando el reconocimiento público hecho por Omar García Harfuch a las instancias estatales por destapar el caso.
Lo que sigue
A la par de las audiencias judiciales que enfrente Ernesto Ruffo en el ámbito penal federal, la bancada del PRI y otros grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados darán seguimiento a la transparencia de los procesos judiciales. Asimismo, los legisladores presionarán para que las investigaciones del SAT y la FGR no se limiten al caso de la empresa Ingemar, sino que se extiendan a las demás redes de importación e infraestructura en los estados fronterizos donde persiste la comercialización de combustible no fiscalizado.
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