Denuncian cobros irregulares a transportistas de Pemex

Transportistas de combustibles contratados por Pemex Logística alertaron sobre un presunto esquema de cobros irregulares dentro de la Gerencia de Transporte Terrestre (GTT). De acuerdo con las empresas afectadas, estos pagos informales no solo encarecen sus costos de operación, sino que vulneran la libre competencia y amenazan con desestabilizar la cadena de distribución de hidrocarburos a nivel nacional.

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│             ALERTAS EN PEMEX LOGÍSTICA (GTT)           │
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│ • Cuota por autotanque: $5,000 MXN mensuales           │
│ • Acceso a Terminales (TAR): Hasta $300,000 MXN        │
│ • Riesgo sectorial: Alza de costos y desabasto         │
│ • Petición: Auditoría financiera y revisión de contratos│
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Por qué es importante

El transporte terrestre mediante autotanques es la columna vertebral para abastecer de gasolinas y diésel a las estaciones de servicio en regiones donde los poliductos operan con restricciones.

Si las tarifas de operación se incrementan por cobros al margen de la ley, el sobrecosto termina presionando las finanzas de las contratistas y distorsionando la equidad entre los proveedores del Estado. En última instancia, este entorno de extorsión operacional pone en peligro el flujo oportuno de combustibles hacia los consumidores finales.

Los detalles del esquema

Las denuncias anónimas presentadas por los transportistas apuntan a cobros en efectivo exigidos para no suspender sus contratos ni bloquearles el servicio:

Cuotas mensuales: Se exige un pago aproximado de 5,000 pesos mensuales por cada pipa o autotanque en activo.
Acceso a terminales: Se solicitan hasta 300,000 pesos por concepto de “asignación” para ingresar a las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR).
Competencia desleal: Las firmas que se niegan a pagar enfrentan trabas administrativas, mientras que las que ceden obtienen asignaciones preferentes de rutas.

Petición a las autoridades

Frente a este escenario, los empresarios solicitaron formalmente la intervención inmediata de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de las autoridades de fiscalización.

Exigen una revisión exhaustiva de los contratos vigentes, una auditoría a los procedimientos administrativos internos de la GTT y el rastreo de los movimientos financieros de los funcionarios señalados para deslindar responsabilidades y frenar el impacto en la distribución nacional de gasolina.