Ernesto Ruffo Appel posee un lugar histórico en la transición democrática de México al convertirse en 1989 en el primer gobernador de oposición del país. Su captura por parte de las autoridades federales no solo sacude el escenario político nacional por su perfil histórico, sino que marca un endurecimiento sin precedentes en la persecución penal contra el fenómeno del “huachicol fiscal”, una modalidad de contrabando técnico que genera boquetes multimillonarios en la recaudación tributaria al evadir impuestos mediante la falsificación de pedimentos de importación.
El panorama general
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, cumplimentó una orden de aprehensión en Ensenada, Baja California, en contra del exmandatario estatal Ernesto Ruffo Appel. La detención, ejecutada en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se derivó de una investigación de alta complejidad que vincula a la empresa Ingemar —fundada y copropiedad del político panista— en una red transfronteriza de tráfico de combustibles, previamente expuesta por investigaciones periodísticas nacionales.
Los datos clave
- Los cargos formales: El exgobernador es señalado penalmente por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
- El esquema operativo del fraude: De acuerdo con las indagatorias ministeriales y el reportaje Soldados del Huachicol de Aristegui Noticias, el modus operandi consistía en:
- Comprar diésel y gasolina de forma legal en refinerías o centros de almacenamiento en Estados Unidos.
- Cruzar el producto hacia territorio mexicano utilizando pipas y carros tanque de ferrocarril (ferrotanques).
- Falsificar y alterar la Carta Porte y los pedimentos de importación en las aduanas para declarar que la carga transportada era aceite quemado, aditivo o alcohol.
- Con esta maniobra, los combustibles no pagaban el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), permitiéndoles reducir artificialmente el precio final entre $6.45 pesos (gasolina) y $7.00 pesos (diésel) por litro frente al mercado formal.
- Las empresas implicadas: La FGR tiene bajo la mira a dos comercializadoras principales que distribuían el energético evadido a grupos gasolineros y líneas de transporte en el norte y noroeste del país: Ingemar (vinculada a Ruffo) y Petro Soluciones (representada por Mario Alberto Valdez Luna).
- Antecedentes de decomisos: Las firmas ya contaban con expedientes abiertos tras el aseguramiento previo de buquetanques que descargaron producto en el puerto de Ensenada, así como la incautación de vagones de ferrocarril cargados con combustible ilícito en el estado de Coahuila.
- La postura de la defensa: Antes de su captura, Ruffo Appel declaró públicamente que el caso se encontraba politizado, argumentando que no es el único accionista de Ingemar y acusando que nunca había recibido un citatorio previo por parte de las autoridades ministeriales.
Lo que sigue
Ernesto Ruffo Appel será trasladado a un centro de reclusión federal para ser puesto a disposición del juez de control que emitió el mandamiento judicial. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, donde la FGR buscará la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras que las autoridades fiscales (SAT) revisarán los balances financieros de las gasolineras del norte del país que adquirieron el combustible presuntamente contrabandeado.
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