El anuncio de la administración de Donald Trump de no renovar en automático el T-MEC, optando en su lugar por revisiones anuales, ha encendido las alarmas en Palacio Nacional. Si bien esta maniobra responde a la conocida y agresiva estrategia de negociación del mandatario estadounidense para arrancar concesiones a sus socios, también expone las profundas grietas que México ha cavado en la relación bilateral.
La herida más grande e infectada tiene un nombre claro. La política energética mexicana.
Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el sector energético se convirtió en la principal piedra en el zapato para el acuerdo comercial. El intento por desmantelar la reforma energética de 2013, priorizar por ley a Pemex y a la CFE, y obstaculizar la inversión privada en energías limpias, chocó de frente con el tratado en la parte de acceso a mercados y empresas propiedad del Estado. Lejos de corregir el rumbo, la continuidad de este enfoque bajo la administración de Claudia Sheinbaum —mediante reformas constitucionales que blindan el control estatal del mercado eléctrico— ha terminado por colmar la paciencia de Washington.
Para Estados Unidos, la cerrazón mexicana en el sector energético ya no es solo una disputa comercial latente; ahora es la herramienta de presión perfecta. Al no extender la vigencia del pacto por otros 16 años, la Casa Blanca abre un proceso de renegociación plurianual donde usará las flagrantes violaciones de México en materia de competencia energética como palanca para exigir concesiones draconianas en otros frentes más sensibles, como las reglas de origen automotrices, la migración o la seguridad fronteriza, donde los norteamericanos tiene particular ínteres.
Ante este escenario de vulnerabilidad, a México le convendría urgentemente flexibilizar su posición e ideología en el sector energético. Mantener una postura de “soberanía energética” a costa de arriesgar el tratado que sostiene el 80% de nuestras exportaciones es un suicidio económico. Ceder terreno en el mercado eléctrico y de hidrocarburos no es una derrota; es una necesidad para aumentar la producción de energía, ya que nuestras empresas estatales no tiene la capacidad de hacerlo solas.
Paradójicamente, abrir el sector energético no solo salvaría el T-MEC, sino que resolvería crisis internas urgentes. La terca apuesta por la refinación y el monopolio estatal ha dejado a Pemex financieramente quebrado y al país con un sistema eléctrico al borde del colapso por falta de generación limpia y barata.
Permitir de nuevo las reglas de competencia y la inversión privada en infraestructura de almacenamiento, gas y energías renovables inyectaría los miles de millones de dólares que el presupuesto público federal simplemente no tiene. Además, suavizaría la gigantesca palanca que hoy tiene Texas sobre nosotros gracias a nuestra dependencia del 80% en su gas natural.
La soberanía no se defiende destruyendo la competitividad del país. Si el gobierno mexicano se aferra al dogma estatista en la mesa de negociación, Trump utilizará la energía como el ariete para desmantelar los beneficios del libre comercio. Flexibilizar la política energética no es un acto de sumisión ante Washington, sino una decisión pragmática para proteger el empleo de millones de mexicanos y modernizar una infraestructura nacional que pide a gritos inversión privada.
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Pero, la pelota está en la cancha de México; o se dobla la postura ideológica en energía, o el T-MEC se romperá por su eslabón más débil.
