El revés solar de Ticul A y B, cambia las reglas del juego

Tras siete años de intenso litigio, la Semarnat revocó formalmente las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo de los parques solares Ticul A y Ticul B en Yucatán. El fallo determina la cancelación definitiva de un desarrollo que pretendía instalar más de un millón de paneles en la región.

¿Por qué importa? Este caso es un parteaguas que redefine el “riesgo regulatorio” en México. Envía un mensaje contundente a la industria: los megaproyectos renovables mal diseñados socioambientalmente pueden perderse, incluso en etapas avanzadas, si se comprueban violaciones a los derechos comunitarios.

El costo energético vs. La victoria ambiental: El desenlace pone sobre la mesa la tensión clásica entre las metas de descarbonización y la protección a la biodiversidad.

Lo que se pierde: La península de Yucatán deja ir 310.5 MW de capacidad solar, complicando el desplazamiento de centrales que operan con combustóleo y diésel en una red que ya muestra señales de estrés.
Lo que se salva: Se frena la intervención de más de 700 hectáreas de selva mediana, protegiendo el hábitat de especies en riesgo, vitales servicios de polinización (abejas y murciélagos) y la recarga del vulnerable acuífero kárstico.

La nueva realidad para los inversionistas: Para los desarrolladores y fondos de inversión, el estándar de viabilidad acaba de cambiar radicalmente.

Fin de las simulaciones: Fragmentar proyectos para facilitar su aprobación ambiental (“salami slicing”) o simular consultas indígenas previas se ha convertido en una apuesta de altísimo riesgo que culmina en la pérdida total de inversión (CAPEX).
Hacia un nuevo modelo: Este precedente podría desincentivar las instalaciones utility scale en zonas sensibles y redirigir el capital hacia la generación distribuida, o forzar modelos que incluyan acuerdos reales de beneficio comunitario.

La nota de fondo: Las comunidades mayas y organizaciones de la sociedad civil como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) han validado el poder del litigio estratégico. El caso Ticul obliga a la Sener, la CRE y la Semarnat a entender que no toda energía limpia es justa. Si la transición energética implica despojo o ecocidio, terminará descarrilada en los tribunales federales.