Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat recibió solicitudes de evaluación ambiental para proyectos de energías renovables que suman más de 2,330 MW. Este portafolio se compone principalmente de parques fotovoltaicos y eólicos, impulsados en gran medida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como desarrollador principal.
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Este volumen de generación en fase de revisión se suma a los 6,000 MW que actualmente se encuentran en etapa de construcción y a los 7,411 MW ya adjudicados bajo el esquema mixto de participación entre la CFE y el sector privado. Esta cartera confirma la existencia de un pipeline estructurado en el país.
La acumulación de estos expedientes pone a prueba el “embudo ambiental” del Estado. La velocidad con la que la autoridad logre desahogar estos trámites, concentrados estratégicamente en regiones de alto recurso solar y eólico, dictará el ritmo real de avance del sector.
Por qué es importante
Agilizar este embudo de evaluación ambiental es crítico para el sector eléctrico nacional. Retrasos en la emisión de resolutivos pueden paralizar inversiones, frenar el despliegue de la infraestructura limpia necesaria para abastecer la demanda industrial del nearshoring y comprometer la seguridad energética.
Quiénes están implicados
- SEMARNAT (DGIRA): Entidad reguladora responsable de autorizar los estudios de impacto ambiental.
- CFE: Empresa productiva del Estado y principal promotor de los proyectos renovables a gran escala.
- Sector Privado: Desarrolladores y empresas participantes en el esquema mixto de generación eléctrica.
El panorama general
El ingreso de estos proyectos responde a la presión operativa y política por alcanzar la meta oficial de contar con un 38% de generación renovable en la matriz nacional para 2030. Tras periodos de cautela regulatoria, el Gobierno busca reactivar la instalación de capacidad limpia mediante un modelo que asegura la rectoría estatal.
Impacto
La aprobación expedita de estos megavatios reactivará las cadenas de proveeduría para la construcción de infraestructura eólica y solar. Corporativamente, permite a la CFE consolidar su posición como el actor dominante en la transición energética, mitigando gradualmente la exposición del país a la volatilidad del gas natural importado.
La cifra
2,330 MW es la capacidad total de los nuevos proyectos de generación limpia que ingresaron a la fase de revisión ambiental entre finales de 2025 y principios de 2026.
Lo que sigue
En las próximas semanas, el mercado estará atento a los resolutivos de la DGIRA para medir los tiempos de respuesta institucional frente a la saturación de trámites. Asimismo, se espera el desglose geográfico de los expedientes para identificar qué estados concentrarán el desarrollo de estos polos renovables.
