El tablero económico de América del Norte ha sufrido su sacudida más violenta en más de tres décadas. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaría de forma oficial este miércoles que no prorrogará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual marcaría el inicio de un plazo de 10 años para la desaparición de la zona de libre comercio norteamericana, que tiene 32 años en vigor. Esta declaración activará formalmente un período de revisión de seis años, parte de la controvertida “cláusula de extinción” (sunset clause) negociada originalmente por su primer mandato.
Si no se llega a un acuerdo sobre las revisiones del T-MEC, el pacto comercial quedaría en un limbo indefinido, con sesiones de revisión similares cada año durante la próxima década, tras los cuales el pacto comercial norteamericano podría expirar definitivamente el 1 de julio de 2036. Para el sector energético regional, este anuncio rompe la promesa de estabilidad a largo plazo e introduce un escenario de profunda incertidumbre para las inversiones millonarias en infraestructura, gasoductos y proyectos de generación.
El impacto inmediato en el flujo energético
Aunque la atención mediática se concentra de forma masiva en las disputas de la industria automotriz —donde Washington exige elevar el contenido regional al 82% e imponer un 50% de contenido específico de EE. UU.—, el sector energético resentirá el impacto por la vía arancelaria y la cadena de suministro global. Trump, quien en 2020 calificó al T-MEC como “el acuerdo comercial más justo, equilibrado y beneficioso que jamás hayamos promulgado”, modificó radicalmente su postura debido al incremento del déficit comercial con México, detonado por la relocalización de empresas que huyeron de los aranceles a China (nearshoring).
Hoy, el mandatario estadounidense favorece la imposición de elevados aranceles al acero y aluminio mexicanos y canadienses, insumos críticos para la construcción de oleoductos, plantas de compresión, torres de transmisión y parques de energía renovable. Al encarecerse estos componentes esenciales, los costos de capital para los proyectos de infraestructura energética en México se elevarán de inmediato, ralentizando los planes de expansión de la red de gas natural y electricidad.
Negociaciones asimétricas y presión regulatoria
La parálisis de la prórroga ocurre a pesar de los esfuerzos de sus socios. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló este martes que México ya firmó la carta para que el T-MEC se amplíe por 16 años, un paso que también cumplió Canadá, pero que Estados Unidos decidió congelar. En este escenario, el jefe de la Representación Comercial de EE. UU. (USTR), Jamieson Greer, ha optado por una estrategia de fragmentación: Washington celebra rondas de negociación formales únicamente con México, dejando a Canadá al margen debido a fricciones comerciales bilaterales en sectores como el lácteo.
Greer ya tiene programada una tercera ronda de negociaciones con México para la semana del 20 de julio. Para el ecosistema energético mexicano, esto significa que la USTR utilizará la amenaza del fin del tratado comercial para presionar a México en temas sensibles, como el favoritismo gubernamental hacia Pemex y CFE, el freno a los permisos de generación de energía limpia para privados y las restricciones al libre mercado de petrolíferos. Sin el paraguas de protección del T-MEC a largo plazo, cualquier inversión transfronteriza en hidrocarburos y electricidad quedará sujeta a una volatilidad política anual, transformando lo que antes era una zona de libre comercio integrada en un tablero de constante fricción geopolítica.
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