La discusión sobre si México debe revivir las rondas petroleras dejó de ser un tema ideológico para convertirse en una pregunta profundamente práctica del sector energético: ¿qué tan sostenible es seguir cerrando la puerta a inversión exploratoria y contratos upstream cuando la mezcla mexicana enfrenta un entorno volátil y las finanzas públicas anticipan un desplome de ingresos petroleros en 2026? Con la evidencia acumulada, hay argumentos sólidos para considerar un retorno ordenado de las rondas, ajustadas al nuevo marco fiscal y social.
1. Más inversión y riesgo exploratorio asumido por privados
Las rondas son, ante todo, una herramienta para transferir riesgo. Bajo este esquema, empresas privadas destinaron millones de dólares a estudios geológicos, sísmica y perforación exploratoria; cuando las campañas no encontraban hidrocarburos comercialmente explotables, ellas absorbían la pérdida, sin impacto directo para Pemex ni el gobierno. En los casos de éxito, la producción futura se compartía bajo contratos definidos por la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH): cuotas exploratorias, regalías, bonos a la firma y contraprestaciones que conforman el llamado government take.
Hoy, el esquema dominante son contratos mixtos en 10 áreas ya conocidas, donde Pemex y privados se asocian sobre reservas identificadas; eso ayuda a optimizar campos maduros, pero casi no genera exploración nueva. Retomar rondas con bloques de frontera —aguas profundas, no convencionales, terrestres subexplorados— permitiría que el riesgo de buscar nuevas reservas lo asuma quien tiene músculo financiero, no el presupuesto público, y diversificaría operadores y tecnologías en el upstream mexicano.
2. Recuperar un flujo fiscal hoy “apagado”
La suspensión de rondas y la renuncia de contratos han reducido actividades de exploración y producción, y con ello, la captación de ingresos públicos asociados. Desde la firma de cada contrato, el Estado recibía bonos a la firma, cuotas por fase exploratoria y otros pagos previstos en la LIH. Conforme avanzaban los proyectos, se activaban regalías, cuotas contractuales, ISR y derechos, una parte canalizada al Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) y a fondos municipales en regiones productoras.
Al cierre de 2024, los contratos adjudicados en rondas habían generado 12,271 millones de dólares en ingresos y 18,969 millones en inversiones acumuladas. Con la pausa desde 2019, ese flujo dejó de crecer y se ha ido reduciendo por menor actividad y renuncias de contratos. Retomar rondas reactivaría pagos inmediatos (bonos y cuotas exploratorias) y reconstruiría una base gravable amplia asociada a proyectos de largo plazo, algo clave cuando Hacienda anticipa que los ingresos petroleros aportarán en 2026 la segunda proporción más baja del total desde la pandemia.
3. Complementar, no sustituir, a Pemex
Reabrir rondas no implica perder rectoría ni “reemplazar” a Pemex. La Constitución mantiene la propiedad de los hidrocarburos en el Estado y las rondas son sólo un mecanismo para otorgar contratos bajo reglas donde el Estado es socio o contraparte, no espectador. La LIH diferencia con claridad ingresos por asignaciones, operadas por Pemex, de ingresos por contratos, donde pueden participar empresas productivas del Estado y privados.
Con el marco vigente —asignaciones para desarrollo propio, asignaciones para desarrollo mixto y contratos de exploración y extracción— el espacio natural es que Pemex concentre lo que puede financiar y operar; las rondas bien diseñadas deben atraer capital adicional en áreas que la empresa difícilmente exploraría sola. Pemex ha tenido pérdidas netas importantes y su deuda llegó a representar cerca de 5.8% del PIB, con el saldo de proveedores multiplicado por tres respecto a 2018; extenderle aún más la carga de exploración sin acompañamiento privado puede ser financieramente inviable. En ese contexto, las rondas son un complemento operativo y financiero, no un sustituto.
4. Incorporar reservas nuevas y dar certidumbre de largo plazo
La política de contratos mixtos en campos ya identificados ayuda a optimizar producción, pero no amplía el portafolio de reservas. Sin nuevas rondas, México depende de asignaciones de Pemex y de mejoras en campos maduros para sostener producción, lo que limita la incorporación de reservas adicionales, en especial en aguas profundas y bloques frontier.
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La experiencia internacional muestra que rondas regulares y bien diseñadas envían una señal de previsibilidad a inversionistas de largo plazo: oportunidades recurrentes, reglas fiscales claras y un pipeline de proyectos a 10‑20 años. En términos de seguridad energética, abrir bloques nuevos diversifica la base de reservas y reduce la exposición a choques en pocos campos clave; en términos fiscales, amplía el horizonte de ingresos más allá de lo que Pemex pueda hacer sola, incluso con su plan estratégico 2025‑2035.
5. Beneficios territoriales y sociales en regiones productoras
Los contratos de rondas canalizan parte de sus recursos al Fondo Mexicano del Petróleo y a fondos municipales y proyectos de desarrollo local en regiones petroleras. Esto se traduce en obra pública, infraestructura y servicios financiados con ingresos petroleros en municipios donde se realizan actividades de exploración y extracción, con impactos directos en comunidades.
Al reducir la actividad contractual, se han reducido también esos flujos, limitando la capacidad de gobiernos locales para financiar proyectos vinculados a la presencia de industria petrolera. Reabrir rondas, bien reguladas y con mejores estándares sociales y ambientales, permitiría revincular la actividad petrolera con beneficios tangibles para comunidades, algo que hoy ocurre sobre todo vía proyectos de Pemex y fondos federales, pero con menos diversidad de flujos.
6. Condiciones para que funcionen en el contexto 2026
Los argumentos a favor no quitan que haya condiciones críticas para que las rondas funcionen hoy:
- Mejor diseño fiscal y transparencia: las reformas al Reglamento de la LIH de 2025 apuntan a fortalecer la administración de ingresos y coordinación entre dependencias; cualquier nueva ronda debe partir de ese marco reforzado y evaluar contratos por rentabilidad y captura fiscal clara, evitando la percepción de que se “entregan recursos baratos”.
- Licencia social obligatoria: la nueva Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE) es vinculante y requiere planes de gestión social y beneficios compartidos; integrarla desde el diseño licitatorio reduce probabilidades de bloqueos posteriores y asegura que la expansión upstream se dé con aceptación comunitaria.
La evidencia disponible sugiere que cerrar completamente las rondas ha reducido inversión, actividad exploratoria e ingresos asociados, sin que asignaciones y contratos mixtos en campos conocidos hayan logrado sustituir plenamente esos flujos. Reabrirlas, con ajustes fiscales y sociales, es una forma pragmática de sumar capital y capacidades a la estrategia de seguridad energética actual.
