El desempeño operativo y los elevados precios internacionales del petróleo ya no son suficientes para garantizar la salud financiera de las principales empresas energéticas estatales de América Latina. De acuerdo con un reciente informe de la agencia calificadora Moody’s, la calidad crediticia de Ecopetrol (Colombia), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petroperú (Perú) se encuentra fuertemente condicionada por la intensidad de la intervención de sus respectivos gobiernos federales.
La investigación destaca que la injerencia directa de los mandatarios locales sobre la fijación de precios de los combustibles —aplicada con el fin de proteger a los consumidores finales frente a la volatilidad internacional— genera distorsiones severas en la estructura corporativa. Estas políticas de contención impactan de manera directa el flujo de efectivo, la liquidez y la previsibilidad financiera de las petroleras en posesión de un Estado.
Para la calificadora, el uso de mecanismos de control de precios y subsidios traslada la volatilidad del mercado hacia los balances internos de las petroleras estatales. Esta dinámica incrementa la necesidad de capital circulante y debilita la capacidad de previsibilidad del apoyo financiero soberano, exponiendo a las empresas aun en periodos de precios internacionales favorables para los commodities.
“Aquellas empresas con balances más sólidos, fuentes de ingresos diversificadas y políticas internas claras de fijación de precios pueden absorber mejor los choques relacionados con políticas. Por el contrario, la liquidez débil, los retrasos en los pagos soberanos y una mayor interferencia política pueden exacerbar las vulnerabilidades de las petroleras nacionales incluso cuando los precios de los commodities son favorables”, advirtió Moody’s.
El informe pone un foco particular en Colombia, donde el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) opera como el mecanismo gubernamental para regular las tarifas locales de productos como el diésel, manteniéndolas por debajo de las referencias internacionales.
Esta política limita la capacidad de Ecopetrol para trasladar a los clientes el incremento real en sus costos de producción, mermando de forma sustancial la generación de efectivo en su segmento downstream (refinación y comercialización). Aunque Ecopetrol ha registrado márgenes de refinación sólidos —de entre 14 y 15 dólares por barril en trimestres recientes—, la obligación de vender a precios regulados en lugar de mantener una paridad total con el mercado atenúa los beneficios de la alta cotización del crudo.
Asimismo, Moody’s alertó que los precios internacionales elevados amplían la brecha con las tarifas internas en Colombia, generando déficits mensuales en el FEPC de entre $1 billón y $1.8 billones de pesos, los cuales pueden escalar a $10 billones anuales si se retrasan los ajustes. La calificadora calculó que si la referencia del crudo Brent se ubica en los 93 dólares por barril, el déficit anual del fondo colombiano podría dispararse a un rango de entre $22 billones y $24 billones de pesos, acumulando presiones fiscales que amenazan tanto la estabilidad de la petrolera como las finanzas públicas del país.
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