A más de tres meses de la explosión del pozo exploratorio Krem‑1 en Las Choapas, Veracruz, el incendio y la quema de hidrocarburos continúan, mientras comunidades rurales denuncian contaminación del aire y del agua, afectaciones a la salud y una respuesta tardía e insuficiente de Pemex y de las autoridades estatales.
Un pozo “seguro” convertido en foco de riesgo
En la documentación técnica previa, Pemex sostuvo que las operaciones del pozo exploratorio Krem‑1 eran seguras y que “no existen riesgos latentes de daños a población y medio ambiente”.
Sin embargo, el 5 de marzo se registró una fuga de gas en el cabezal del pozo que derivó en una explosión y un incendio prolongado, en un equipo perforando a más de 3 mil 300 metros de profundidad en la sierra de Las Choapas.
Lejos de ser un incidente contenido en cuestión de horas, Krem‑1 se transformó en una fuente constante de emisiones y combustión de hidrocarburos, frente a localidades como Constitución Mexicana y La Guadalupe. La narrativa técnica de “riesgo mínimo” de Pemex quedó rebasada por una emergencia ambiental y sanitaria que expuso la vulnerabilidad de comunidades rurales frente a la operación de un pozo fuera de control.
Más de 100 días de incendio y ruido
De acuerdo con reportes de prensa, el incendio en Krem‑1 superó los 100 días activo, con columnas de humo visibles a kilómetros de distancia.
En piezas audiovisuales difundidas a finales de mayo, se documentó que el fuego seguía encendido y la llamarada continuaba alimentada por los gases del pozo.
Para las comunidades, el incendio significa mucho más que una imagen en el horizonte: implica ruido constante, vibraciones en viviendas y una sensación de alarma permanente, especialmente de noche.
Habitantes de la zona han expresado que “no pueden dormir” por el estruendo y el temor a una nueva explosión, en un contexto de información fragmentada y sin claridad sobre los tiempos de control definitivo.
Aire irrespirable y síntomas de exposición
En el plano sanitario, las comunidades describen un patrón de síntomas compatible con exposición prolongada a contaminantes atmosféricos derivados de la combustión de hidrocarburos.
Madres de familia, docentes y productores refieren dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómito, irritación en nariz y garganta, así como problemas respiratorios en niños y adultos mayores, asociados al intenso olor a hidrocarburo en el ambiente.
Se reportan también episodios de lluvia que, según los habitantes, “quema” hojas de cultivo y pastizales, lo que vinculan con las nubes de humo que se desplazan desde el pozo.
En algunas escuelas se han suspendido clases de manera intermitente por la mala calidad del aire y los malestares en estudiantes, en ausencia de protocolos claros y monitoreos públicos de contaminantes.
Agua, ganado y cultivos bajo presión
El impacto se extiende al agua y a los sistemas productivos locales. Con la llegada de las lluvias, escurrimientos y residuos desde la zona del pozo han alcanzado arroyos y cuerpos de agua cercanos, afectando corrientes como el arroyo Armadillo y otros afluentes vinculados al río Playas.
Ganaderos denuncian que el ganado ya no puede beber en ciertos puntos porque el agua presenta cambios en color y olor, mientras que pastizales y parcelas de plátano, maíz y otros cultivos muestran daños.
Por su parte, productores acuícolas, por su parte, han reportado mortandad de mojarras y deterioro de la infraestructura de captación, lo que compromete proyectos que representan una de las pocas fuentes de ingreso local.
Más de diez mil habitantes entre versiones encontradas
Mientras Pemex y autoridades estatales han insistido en que la contingencia está “bajo control operativo” y que no existe riesgo directo para la población, las denuncias de habitantes apuntan a un escenario distinto.
Medios locales y nacionales han documentado afectaciones en más de diez mil personas de unas 20 comunidades rurales que reportan ruido, olores intensos, contaminación de agua y malestares recurrentes.
La Secretaría de Salud de Veracruz ha minimizado la gravedad de los impactos, señalando que no se han registrado daños “graves” a la salud por la quema en Krem‑1, lo que contrasta con los testimonios sobre cuadros respiratorios y neurológicos ligeros a moderados. La brecha entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana alimenta la desconfianza hacia la información pública y refuerza la percepción de abandono institucional.
La respuesta de Pemex y lo que falta
Pemex afirma que mantiene la contingencia bajo control, quemando de forma controlada los gases del pozo, habilitando fosas de contención y desplegando cuadrillas para labores de saneamiento. La empresa también ha anunciado la instalación de una unidad médica móvil y acciones de apoyo social mientras continúan los trabajos de infraestructura para atender el incidente.
Sin embargo, habitantes y organizaciones cuestionan el alcance real de estas acciones y advierten que los apoyos no compensan la degradación de sus medios de vida ni el deterioro ambiental acumulado. Además, Pemex no ha publicado de manera detallada, por comunidad, los resultados de sus monitoreos de aire y agua, limitándose a señalar que los niveles se mantienen “por debajo de la norma”.
A la falta de datos desagregados se suma la ausencia de un plan de reparación integral del daño: no existen compromisos públicos claros sobre compensaciones a productores, restauración de ecosistemas ni estudios independientes de salud comunitaria. Más allá de la narrativa de “control operativo”, el caso Krem‑1 exhibe la brecha entre los modelos de evaluación de riesgo, que prometían seguridad, y la realidad de una emergencia prolongada en un entorno rural con baja visibilidad mediática.
Y por último, nos deja pensando sobre la utilidad de una dependencia como la ASEA, la cual se ha transformado en un brazo extorsionador de empresas privadas, más que un garante de la seguridad y protección del medio ambiente en el sector de los hidrocarburos en México.
