El analista Pablo Medina, de Welligence, propone separar a Pemex en dos empresas estatales. Una nueva compañía con alrededor de 130 campos de mayor valor económico y una entidad residual que concentre el resto de los activos, obligaciones y pasivos con un plan explícito de pago y cierre. La idea no plantea privatizar Pemex ni vender campos de inmediato; plantea ordenar la empresa para separar el negocio capaz de financiarse del costo heredado que hoy absorbe recursos públicos.
La propuesta pone sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Pemex puede recuperar producción mientras intenta administrar simultáneamente campos rentables, activos maduros, deudas, pasivos ambientales, refinación deficitaria y miles de obligaciones con proveedores?
La “nueva Pemex” reuniría los aproximadamente 130 campos que, según Medina, sí tienen valor y podrían respaldar financiamiento con su propio crédito. El objetivo sería aislar activos productivos de las presiones financieras y operativas que afectan al conjunto de la empresa.
La entidad residual conservaría los activos menos rentables, campos marginales, pasivos y compromisos que requieren una solución de largo plazo. Hacienda tendría que definir cuánto paga, bajo qué calendario y cuándo concluye la obligación pública.
Separar no reduce la deuda de un día para otro. Lo que cambia es la visibilidad, ya que cada obligación tendría un responsable, una fuente de pago y un plazo.
Medina rechaza tratar los campos restantes como “basura”. En su planteamiento sostiene que esa cartera podría contener 1,500 millones de barriles recuperables si se aplicaran tasas de recuperación comparables a las logradas en campos similares. Esa cifra sería unas 12 veces superior a las reservas 2P actualmente asociadas a dichos activos, según el análisis realizado por la consultora.
La propuesta es que esos campos no sean abandonados, sino desarrollados con socios especializados y esquemas que compartan riesgo, tecnología e inversión. Para Pemex, concentrar recursos en activos de mayor rendimiento podría ayudar a frenar la caída productiva; para socios privados, la cartera marginal puede convertirse en negocio si se opera con costos, contratos y objetivos técnicos distintos a los de una petrolera estatal integrada.
La discusión llega en un momento de tensión al interior de la empresa estatal. Recientemente, el Consejo de Administración de Pemex reconoció que la producción de líquidos fue de 1.619 millones de barriles diarios en 2025, 21% por debajo de la meta del Plan de Negocios. La producción de gas natural también cerró 25.7% por debajo de lo previsto y la incorporación de reservas 3P por descubrimiento quedó lejos del objetivo.
Análisis y reportes que no vas a leer en el sitio
Únete al canal de WhatsApp de energynews.mx
La empresa redujo deuda y elevó liquidez durante 2025, pero mantuvo una brecha relevante en rentabilidad. Su margen EBITDA fue de 18.6%, frente a una meta institucional de 47%. A ello se suma la presión de los proveedores, que reportan retrasos de pagos y limitaciones para financiar actividad en campo.
Pemex tiene recursos y talento, pero su estructura actual combina negocios con necesidades ideológicas, riesgos y retornos muy distintos a los de una petrolera privada. Ese conglomerado hace difícil saber qué unidades generan efectivo, cuáles lo consumen y qué parte del apoyo de Hacienda sostiene producción, refinación, deuda o pasivos heredados.
Medina señala en su diagnostico a Petrobras y YPF como referencias de reorganización. Ambas compañías siguieron siendo controladas por el Estado, pero reorientaron capital hacia activos prioritarios, ajustaron carteras, vendieron activos y utilizaron alianzas para desarrollar proyectos. Petrobras concentró buena parte de su crecimiento en el presal brasileño, mientras YPF convirtió Vaca Muerta en el eje de su expansión.
La propuesta de “dos Pemex” no resuelve automáticamente los problemas de producción, deuda o pagos. Pero para mi ofrece una opción viable a un problema complejo, ofrece un marco para separar el negocio viable de la deuda histórica y obligar al Estado a transparentar cuánto nos cuesta el negocio.
