Este 5 de noviembre de 2026 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones Administrativas de Carácter General que regulan la actividad de comercialización de gas natural, petrolíferos, gas licuado de petróleo y petroquímicos. La norma redefine cómo operan, qué documentos presentan y ante qué riesgos se encuentran todos los participantes de la cadena.
Para facilitar su lectura, Ramses Pech, asesor de energía, economía y proyectos, elaboró una presentación de 101 diapositivas que organiza el contenido en cinco perfiles: productor, procesador o refinador; importador; comercializador permisionario; transporte, almacenamiento y distribución; y clientes (permisionarios, usuarios finales y expendio). Para cada uno explica a quién puede vender, qué no puede hacer, cómo obtiene y renueva su permiso, qué reportes debe entregar y cómo se registran sus contratos. Incluye también un FODA por perfil, un apartado sobre Pemex y sus filiales, un glosario y la guía de los diez anexos.
Algunos puntos que destaca el análisis
- Permiso por producto, con vigencia de hasta 2 años y sin prórroga automática. Quien quiera continuar debe solicitar un permiso nuevo antes del vencimiento.
- El productor o refinador solo comercializa lo que produce, y debe poder trazarlo desde la producción hasta la entrega.
- El permiso de importación no sustituye al de comercialización.
- El comercializador no puede comprar a distribuidores, y el valor agregado se limita a servicios entre comercializadores.
- Resolución en 90 días naturales: si la CNE no responde, se entiende negativa.
- Contratos: se registran por semestre en el Formulario de Contratos de la Oficialía de Partes Electrónica, dentro de los 10 días hábiles siguientes.
- Riesgos de operar: 19 causales de revocación, y caducidad por no ejercer los derechos del permiso (365 días, o 180 en permisos nuevos).
- Transitorios: 90 días naturales para el acceso a la OPE y 180 para que los permisionarios ya existentes acrediten su capacidad.
Este material es un análisis de apoyo y no sustituye el texto oficial publicado en el DOF ni la asesoría legal especializada.
