El hallazgo en Reynosa, Tamaulipas, de un predio de 4.2 hectáreas equipado con una compleja infraestructura industrial para el almacenamiento y posible procesamiento de hidrocarburos no solo destapó un caso más de crimen organizado; dejó al descubierto el nivel de absurdo en el que operan las autoridades en México.
Entre el 21 y el 23 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional aseguraron un complejo con siete tanques fijos con capacidad para 100,000 barriles (15.9 millones de litros), 3.7 millones de litros de combustible almacenado, vehículos pesados, motobombas y generadores. Diversas fuentes señalan que el sitio operó durante cuatro años con un movimiento estimado de 14,000 barriles diarios. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a unos 70 viajes diarios de pipas de 30,000 litros transitando por la zona de forma ininterrumpida.
Lo verdaderamente surrealista es el entorno geográfico e institucional donde ocurría este desfile logístico. El predio se ubica a tan solo un kilómetro de una base de la Guardia Nacional y en una región con 25 “Estaciones Seguras” desplegadas por el gobierno estatal. Resulta inverosímil que un flujo diario de decenas de vehículos pesados y la construcción de enormes tanques de almacenamiento pasaran inadvertidos para los tres órdenes de gobierno. ¿Incompetencia, simulación o complicidad? Ninguna hipótesis exculpa a las instituciones involucradas.
En medio del escándalo, la respuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) no hace más que acentuar la ironía. La agencia emitió un comunicado aclarando que en ningún momento autorizó a la empresa Maytrack, S.A. de C.V. a realizar actividades del sector en ese predio. Detalló que en agosto de 2024 la empresa ingresó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA-P) para una planta de combustible alterno, procedimiento que caducó en febrero de 2025. Añadió que en abril de 2025 inspectores clausuraron temporalmente el sitio y multaron a la empresa con más de 3 millones de pesos por construir sin permisos.
La postura institucional resulta de carcajada. Emitir un comunicado para “lavarse las manos” y vanagloriarse de una sanción administrativa o un trámite denegado cuando, en la práctica, la instalación continuó operando hasta almacenar millones de litros de hidrocarburo ilícito al lado de las fuerzas armadas, roza lo ridículo. La supervisión ambiental y la seguridad de seguridad nacional fallaron en prevenirlos antes de que el complejo estuviera completamente erigido.
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Para rematar el cuadro de impunidad, el operativo del cateo concluyó sin un solo detenido. Las instalaciones simplemente aparecieron vacías de personal, lo que apunta a que los operadores abandonaron el lugar con antelación o contaron con el aviso oportuno de una filtración. El caso de la “refinería” de Reynosa deja una lección amarga. Los trámites burocráticos y las multas en papel valen muy poco cuando en el terreno la ceguera institucional parece ser la norma.
