El hallazgo en Reynosa, Tamaulipas, de un predio de 4.2 hectáreas equipado con una compleja infraestructura industrial para el almacenamiento y posible procesamiento de hidrocarburos no solo destapó un caso más de crimen organizado; dejó al descubierto el nivel de absurdo en el que operan las autoridades en México.
Entre el 21 y el 23 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional aseguraron un complejo con siete tanques fijos con capacidad para 100,000 barriles (15.9 millones de litros), 3.7 millones de litros de combustible almacenado, vehículos pesados, motobombas y generadores. Diversas fuentes señalan que el sitio operó durante cuatro años con un movimiento estimado de 14,000 barriles diarios. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a unos 70 viajes diarios de pipas de 30,000 litros transitando por la zona de forma ininterrumpida.
Lo verdaderamente surrealista es el entorno geográfico e institucional donde ocurría este desfile logístico. El predio se ubica a tan solo un kilómetro de una base de la Guardia Nacional y en una región con 25 “Estaciones Seguras” desplegadas por el gobierno estatal. Resulta inverosímil que un flujo diario de decenas de vehículos pesados y la construcción de enormes tanques de almacenamiento pasaran inadvertidos para los tres órdenes de gobierno. ¿Incompetencia, simulación o complicidad? Ninguna hipótesis exculpa a las instituciones involucradas.
En medio del escándalo, la respuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) no hace más que acentuar la ironía. La agencia emitió un comunicado aclarando que en ningún momento autorizó a la empresa Maytrack, S.A. de C.V. a realizar actividades del sector en ese predio. Detalló que en agosto de 2024 la empresa ingresó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA-P) para una planta de combustible alterno, procedimiento que caducó en febrero de 2025. Añadió que en abril de 2025 inspectores clausuraron temporalmente el sitio y multaron a la empresa con más de 3 millones de pesos por construir sin permisos.
La postura institucional resulta de carcajada. Emitir un comunicado para “lavarse las manos” y vanagloriarse de una sanción administrativa o un trámite denegado cuando, en la práctica, la instalación continuó operando hasta almacenar millones de litros de hidrocarburo ilícito al lado de las fuerzas armadas, roza lo ridículo. La supervisión ambiental y la seguridad de seguridad nacional fallaron en prevenirlos antes de que el complejo estuviera completamente erigido.
Para rematar el cuadro de impunidad, el operativo del cateo concluyó sin un solo detenido. Las instalaciones simplemente aparecieron vacías de personal, lo que apunta a que los operadores abandonaron el lugar con antelación o contaron con el aviso oportuno de una filtración. El caso de la “refinería” de Reynosa deja una lección amarga. Los trámites burocráticos y las multas en papel valen muy poco cuando en el terreno la ceguera institucional parece ser la norma.
