Las revelaciones del Formato 20-F ante la SEC son críticas porque constituyen informes financieros auditados bajo penalización internacional por falsedad, lo que otorga a las cifras un peso regulatorio incontestable. La denuncia de la oposición sitúa el debate del huachicol ya no solo como un problema de seguridad pública en comunidades rurales, sino como una crisis de cumplimiento fiscal y aduanero de gran escala que impacta directamente en los ingresos tributarios del país y en las condiciones de competencia del mercado energético.
El panorama general
El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso datos financieros oficiales presentados por Petróleos Mexicanos ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. El legislador afirmó que las reformas al marco legal energético aprobadas en años recientes no frenaron el mercado ilícito, sino que, por el contrario, propiciaron la evolución del delito hacia un esquema de contrabando técnico de combustibles en los principales nodos aduaneros e infraestructura de transporte del país.
Los datos clave
- Crecimiento del mercado ilícito: De acuerdo con el Reporte Anual de Pemex, la venta de hidrocarburo ilegal en territorio nacional registró un incremento del 15.3 por ciento durante el ejercicio de 2025.
- Volumen del contrabando: El tráfico de combustibles alcanzó un promedio de 19 mil 600 barriles diarios de producto colocado en el mercado negro durante los últimos doce meses.
- Impacto a la hacienda pública: El desfalco financiero derivado de esta actividad delictiva representó un costo de 23 mil 491 millones de pesos para el erario nacional en tan solo un año.
- Frecuencia de las perforaciones: El legislador alertó que, en el transcurso de 2026, el ritmo de la impunidad operativa se traduce en la perforación de una toma clandestina cada 51 minutos en la red de ductos del país.
- Fuga multimodal en puertos: La denuncia señala que el crimen organizado transitó de la perforación rudimentaria de ductos a la operación de buques enteros en terminales marítimas clave como los puertos de Altamira y Lázaro Cárdenas, ingresando combustible extranjero sin declarar.
La controversia por el Artículo 59 Bis
El núcleo de la crítica de la oposición se centra en las consecuencias operativas de la Reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada originalmente en abril de 2021:
- La “llave maestra”: Torres Cofiño acusó que el Artículo 59 Bis instauró un mecanismo que permite a las autoridades suspender discrecionalmente los permisos de operadores, transportistas e inspectores independientes bajo el criterio de “seguridad nacional”.
- Limpieza de competidores: Según el legislador, al eliminar la supervisión técnica y concentrar el control, se desalentó a los competidores legítimos y transparentes del sector energético.
- El auge del huachicol fiscal: La oposición sostiene que este blindaje legal facilitó que el robo evolucionara hacia el contrabando técnico en aduanas fronterizas y marítimas, donde el combustible es disfrazado de otros componentes químicos para evadir el pago de impuestos correspondientes (IEPS).
Lo que sigue
El bloque de oposición en la Cámara de Diputados buscará citar a comparecer a las autoridades del SAT y de la administración de Pemex para que desglosen las acciones de fiscalización implementadas en las aduanas y en los polígonos de distribución del Centro y Bajío del país. Asimismo, los transportistas y gasolineros independientes utilizarán estos datos de mermas e ilegalidad para presionar en sus mesas técnicas de negociación por un esquema de precios sectorizados y mayores garantías de seguridad en las autopistas federales.
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