La política de estabilización de precios mediante “pactos voluntarios” enfrenta una fractura estructural. Mientras los grandes grupos gasolineros pueden absorber la reducción de márgenes gracias a sus economías de escala, los pequeños propietarios de zonas rurales y semirurbanas operan en números rojos. La presión regulatoria —que los empresarios califican como “coerción disfrazada”— y la falta de garantías de seguridad en el transporte amenazan con provocar desabasto regional si los comercios deciden suspender la venta del combustible.
El panorama general
Cerca de 550 representantes de estaciones de servicio independientes sostendrán una reunión clave en Guadalajara, Jalisco, con los titulares de la política económica y energética del Gobierno Federal. El encuentro busca canalizar el descontento del sector tras una mesa de negociación fallida en Tlaxcala. Los empresarios denunciarán que el tope de $27.00 pesos por litro de diésel es insostenible debido al alza en los costos logísticos locales y a una ola de inseguridad que incluye extorsiones y robo físico de mercancía en las carreteras.
Los datos clave
- Convocatoria de alto nivel: A la reunión del próximo martes están citadas autoridades de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Secretaría de Energía (Sener), Pemex, el SAT, la Comisión Nacional de Energía (CNE), la ASEA y la Profeco.
- La amenaza de la clausura técnica: Alicia Zazueta, CEO de la consultora eServices, advirtió que aunque el pacto se promueve como “voluntario”, las autoridades ejercen presión mediante inspecciones minuciosas. Un incumplimiento documental mínimo puede derivar en la suspensión temporal de la estación, un proceso administrativo que toma meses resolver y que los empresarios buscan evitar a toda costa.
- Estímulos fantasmas: Mientras el Gobierno Federal afirma apoyar al sector mediante la reducción de comisiones bancarias y facilidades en las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, los gasolineros sostienen que los beneficios no se han materializado:
- Los intermediarios de vales de combustible siguen cobrando porcentajes elevados.
- Las pipas de traslado registran mermas de hasta el 10% por robo o evaporación en trayecto.
- Persiste el cobro de cuotas ilegales (“derecho de paso”) en las carreteras del Bajío y occidente.
- Inseguridad extrema en campo: El empresario gasolinero Diego Sánchez ventiló la gravedad de la situación en la región al denunciar la privación ilegal de la libertad de la gerente de una de sus estaciones, utilizada por el crimen organizado como mecanismo de coacción para obligarlos a adquirir combustible de procedencia ilícita (huachicol).
Las demandas del sector
Los pequeños comercializadores —que en su mayoría operan esquemas de “bandera blanca” o franquicias de entre una y tres estaciones— plantearán tres exigencias concretas en la mesa de Guadalajara:
- Metodología de precios: Transparencia inmediata sobre la fórmula técnica utilizada por la Sener para fijar el umbral de los 27 pesos.
- Certidumbre en los plazos: Una fecha exacta de finalización del decreto. El sector teme que el pacto se extienda de octubre de 2026 hasta febrero de 2027.
- Precios sectorizados: Modificar el tabulador nacional para crear tarifas diferenciadas que consideren los elevados costos de flete de las estaciones ubicadas en zonas rurales alejadas o en regiones con focos rojos de seguridad como Sinaloa y el Bajío.
Lo que sigue
El resultado de la reunión de Guadalajara determinará si el bloque disidente del 20% de las estaciones se alinea al pacto o si se inicia una suspensión hormiga en el suministro de diésel en el occidente del país. Los asesores jurídicos del sector no descartan reactivar la ruta de los amparos administrativos si la Profeco y el SAT intensifican las clausuras basándose en revisiones de carácter documental durante las próximas semanas.
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