En la política energética de México parece haberse instaurado una regla no escrita. Si la realidad contradice el discurso oficial, la culpa es de la realidad. La reciente postura de Petróleos Mexicanos (Pemex) al negar categóricamente el desabasto de combustibles en diversos estados de la República es el ejemplo más palpable de esta peligrosa dinámica.
Mientras las estaciones de servicio en varios estados están cerradas y los ciudadanos enfrentan largas filas o bombas vacías, desde los escritorios gubernamentales se insiste en una normalidad ficticia. Pero los datos, fríos e irrefutables, cuentan una historia muy distinta; una historia escrita a pulso por las malas decisiones del gobierno federal.
El desabasto que hoy paraliza la movilidad y el comercio en varias regiones del país no es un fenómeno meteorológico ni un castigo del azar. Es la consecuencia previsible de una cadena de errores estratégicos, cimentados en la obstinación de priorizar la ideología sobre la viabilidad técnica y logística. Cuando Pemex niega la escasez, no solo falta a la verdad frente a los consumidores, sino que intenta ocultar el colapso operativo que las directrices presidenciales han provocado en la paraestatal.
El problema estructural radica en la narrativa gubernamental de la “soberanía energética”. En su afán por forzar la demostración de que México puede refinar internamente toda la gasolina que consume, el gobierno federal obligó a Pemex a alterar sus dinámicas de importación sin tener la infraestructura nacional lista para soportar la demanda real. Se ha invertido un capital monumental en un sistema de refinación que opera con graves deficiencias, produciendo combustóleo en lugar de las gasolinas limpias que el parque vehicular exige.
Al reducir estratégicamente la compra de combustibles en el extranjero —o al carecer de la liquidez necesaria para adquirirlos debido a las finanzas destrozadas de la empresa— y apostar por una producción nacional insuficiente, se creó un cuello de botella letal. A esto se suma la alarmante y sostenida falta de inversión en capacidad de almacenamiento. México cuenta con apenas unos pocos días de inventario de combustibles, lo que significa que cualquier disrupción en la importación o distribución se traduce casi de inmediato en estaciones cerradas a lo largo de la República.
La férrea negación del problema por parte de empresa estatal agrava la crisis de dos maneras fundamentales:
Parálisis operativa: Impide la implementación de soluciones de emergencia. Si oficialmente “no hay desabasto”, las autoridades energéticas y hacendarias no justifican la liberación de recursos extraordinarios ni activan protocolos logísticos de urgencia para inundar el mercado con el producto faltante. Se prefiere proteger el dogma presidencial antes que reactivar la economía de los estados afectados.
Destrucción de la confianza: Los sectores productivos necesitan certezas. Cuando un transportista o un agricultor no puede llenar el tanque de su unidad, de nada le sirve un comunicado de prensa asegurando que las terminales operan con normalidad. Esta disonancia genera especulación, compras de pánico y distorsiones en los precios que castigan directamente el bolsillo de los ciudadanos.
Las decisiones dictadas desde el Ejecutivo han tratado a Pemex como una herramienta de propaganda política, ignorando su rol como la columna vertebral energética de un país de más de 130 millones de habitantes. Desmantelar cadenas de suministro internacionales por la promesa de una autosuficiencia irreal es una muestra de profunda irresponsabilidad administrativa.
El combustible no fluye por decreto, ni los tanques se llenan con comunicados oficiales. Hasta que el gobierno federal no asuma el costo político de sus errores, reconozca la fragilidad de nuestra cadena de suministro y permita a Pemex operar bajo criterios técnicos, logísticos y de mercado, las filas en las gasolineras seguirán siendo el recordatorio innegable de que la negación es la peor de las políticas públicas.
