El histórico puente energético que unía a México con Cuba ha sufrido una parálisis comercial sin precedentes debido a las crecientes tensiones diplomáticas en la región. Petróleos Mexicanos (Pemex) suspendió por completo el envío de exportaciones petroleras a la Isla, en un contexto marcado por las intensas presiones y amenazas de intervención emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Los datos oficiales del Banco de México (Banxico) confirman la magnitud del desplome: durante el mes de mayo de 2026, el valor de las exportaciones petroleras mexicanas con destino a Cuba fue de cero dólares. Este indicador representa un hito estadístico negativo, ya que no se registraba un flujo nulo de energéticos hacia la Isla desde 1993, año en que el banco central inició el levantamiento de los registros oficiales de comercio exterior.
El reporte de Banxico detalla una contracción del 100% tanto en la comparativa mensual como en la anual. Para dimensionar la velocidad del corte de suministro, basta señalar que en mayo del año pasado las exportaciones alcanzaron un valor de 24.8 millones de dólares (mdd), mientras que para abril de este año la cifra ya se había marchitado hasta ubicarse en apenas 1 mdd. El declive estructural en los despachos comenzó en enero del presente año y mantuvo una trayectoria descendente constante hasta tocar fondo en el quinto mes de 2026, reflejando el impacto de la estrategia de la Casa Blanca para cercar económicamente a La Habana.
A pesar de la asfixia estadística sobre Pemex y del endurecimiento de la retórica de Washington, la postura diplomática de México busca mantener los lazos de cooperación con la Isla, recurriendo a una reconfiguración del modelo de negocio. A finales de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que México no abandonará el suministro de petróleo a Cuba, pero modificará la vía de ejecución: los envíos ya no se realizarán a través de la petrolera estatal Pemex, sino mediante empresas privadas que han manifestado su interés comercial en abastecer a dicho país.
Esta salida estratégica fue posible gracias a un cambio coyuntural en la legislación de la Isla. Días antes del anuncio de la mandataria mexicana, el gobierno de Miguel Díaz-Canel implementó una serie de reformas estructurales de apertura que permiten, por primera vez, la participación de actores privados —tanto nacionales como extranjeros— en las actividades de importación y comercialización de petróleo y sus derivados. De este modo, la administración mexicana busca eludir las sanciones directas de Estados Unidos sobre su empresa productiva del Estado, delegando el riesgo comercial al mercado de comercializadores independientes.
