Lo que el ICOG™ revela sobre el cumplimiento normativo de las gasolineras en México

Cada mes, energynews.mx publica el ICOG™ (Índice de Cumplimiento Operativo de Gasolineras), construido sobre el universo nacional completo de estaciones de servicio —no una muestra— cruzando datos públicos de la CNE, la ASEA y PROFECO. Es, hasta ahora, la fotografía más completa que existe del cumplimiento normativo del sector visto desde afuera.

La edición más reciente ubicó el promedio nacional en 92.2 sobre 100. A primera vista, es una cifra que invita a la tranquilidad. Pero cuando se desagrega por los cuatro pilares que componen el índice, aparecen patrones que apuntan a errores muy específicos —y muy comunes— dentro de la operación diaria de una estación.

Lo que sí mide el ICOG™

El índice se construye con cuatro pilares, cada uno con una fuente de datos pública distinta:

• Precio (pilar B): correspondencia entre el precio exhibido y el registrado ante la autoridad.
• Vigencia de permiso (pilar C): estatus del permiso de expendio ante la CNE.
• Litros completos (pilar A): historial de verificaciones de PROFECO sobre despacho de volumen correcto.
• Mangueras sin incidente (pilar D): historial de inmovilizaciones por manguera, también vía PROFECO.

Error 1: el precio es, por mucho, el punto más débil

De los cuatro pilares, el de precio es el que muestra el nivel de cumplimiento más bajo a nivel nacional: 81.8% de las estaciones del país tienen correspondencia binaria entre el precio exhibido y el registrado ante la autoridad — la brecha más amplia de las cuatro dimensiones que mide el índice, muy por debajo del 91.5% de litros completos o el 96.4% de mangueras sin incidente.

Esto no es necesariamente evidencia de mala fe. En la mayoría de los casos apunta a algo mucho más simple. Un proceso interno de actualización de precios que no está estandarizado, o que depende de que alguien recuerde hacerlo manualmente cada vez que cambia la referencia oficial o bien una razón netamente de negocio. La primera, es, justamente, el tipo de falla que la NOM-185-SCFI-2017 buscaría hacer trazable — pero que solo se corrige si existe un protocolo interno claro sobre quién actualiza el precio, cuándo y cómo se verifica.

Error 2: la brecha regional delata protocolos inconsistentes

El ICOG™ no es un número uniforme en el mapa. Mientras estados como Tamaulipas, Colima y Baja California operan con niveles de cumplimiento cercanos a 98-99, otros como Quintana Roo, Baja California Sur y Yucatán aparecen consistentemente en la cola de la tabla, con brechas de hasta 30 puntos frente al resto del país.

Esa dispersión geográfica es, en sí misma, un síntoma. Cuando el cumplimiento depende tanto de en qué estado está la estación, es señal de que las prácticas de gestión de riesgo no están estandarizadas a nivel de operador o de cadena, sino que varían según qué tan de cerca supervisa cada gerencia local su propio cumplimiento.

Error 3: un buen promedio externo puede esconder un vacío interno

Aquí está el error más importante — y el que ninguna estación ve venir. El ICOG™ mide exclusivamente lo que es observable desde afuera: datos públicos que cualquier autoridad puede cruzar sin pisar la estación. Un promedio nacional de 92.2 dice mucho sobre precio, permisos, litros y mangueras. No dice nada sobre si esa estación tiene sus bitácoras de incidentes al día, si su SASISOPA está realmente vigente, o si el software de sus dispensadores está certificado.

Como plantea Fernando Calleja, director general de SIGG Control Absoluto, la gestión de riesgos real no se trata de proyectar una operación perfecta hacia afuera, sino de documentar puntualmente cada falla —grande o pequeña— y demostrar que se resolvió. Esa documentación es exactamente lo que un índice externo como el ICOG™ no puede capturar, porque vive dentro de la operación, no en un registro público.

Es la razón por la que el ICOG™ y el Simulador de Riesgo Normativo de SIGG están pensados para complementarse: uno es la vista externa y objetiva del sector; el otro, la autoevaluación interna de protocolos, documentación y capacitación que ningún dato público puede reconstruir por sí solo.