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La primera revisión del T-MEC arranca el 1 de julio bajo la sombra del conflicto energético. Mientras Washington habla de favoritismo hacia Pemex y CFE, México insiste en que su modelo de soberanía es compatible con el tratado. Lo que inicialmente se perfilaba como un trámite administrativo para la región de América del Norte se ha transformado en un terreno minado donde el expediente eléctrico y de hidrocarburos operará como el factor decisivo para la estabilidad comercial de los tres países.
Un tratado sin ‘capítulo de energía’, pero con reglas claras
A diferencia de otros acuerdos comerciales internacionales, el sector energético no está confinado a un solo capítulo específico dentro del cuerpo del T-MEC, sino que se encuentra estratégicamente disperso a lo largo de diversas disposiciones que regulan la inversión, el comercio transfronterizo de servicios, el acceso a mercados y las empresas propiedad del Estado.
Estos apartados fijan principios fundamentales de competencia económica, trato nacional no discriminatorio y certeza jurídica para las inversiones en los mercados energéticos de la región. El tratado prohíbe explícitamente que los gobiernos otorguen ventajas regulatorias o comerciales indebidas a sus corporaciones nacionales cuando estas compitan directamente con particulares, estableciendo reglas claras para garantizar que entidades como Pemex y CFE actúen bajo criterios de mercado y no como monopolios restrictivos.
El giro de la política energética mexicana
El entorno normativo en México, sin embargo, dio un viraje radical. A través de la reforma constitucional y el paquete de leyes energéticas promulgados en 2025, el Estado reestructuró de fondo el sector para beneficiar directamente a sus empresas operadoras, redefiniéndolas bajo el concepto de “empresas públicas” y restringiendo la participación de capitales privados.
Bajo este nuevo andamiaje legal, Pemex obtuvo un derecho preferente en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, imponiendo a los privados la obligación de otorgarle al menos el 40% de propiedad en cualquier nuevo desarrollo. Por su parte, en el sector eléctrico se decretó que la CFE debe controlar obligatoriamente al menos el 54% de la energía despachada en la red nacional, acotando la participación total de todo el sector privado —nacional y extranjero— a un techo máximo del 46%.
Las acusaciones empresariales y la respuesta oficial
Este rediseño ha provocado una dura reacción en el exterior. El Departamento de Estado (DOS) y la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) sostienen de manera categórica que la política mexicana discrimina a las empresas norteamericanas mediante retrasos deliberados en la emisión de permisos y un uso ventajoso de la infraestructura estatal de gas natural. Asimismo, un análisis del Consejo de las Américas entregado al USTR advierte que México viola las cláusulas de trato no discriminatorio, especialmente en proyectos de energía renovable.
Las organizaciones empresariales de Estados Unidos han ido más allá, denunciando prácticas que consideran de alto riesgo:
- Bloqueo de permisos: Acusan que se retrasan o rechazan sistemáticamente las solicitudes para plantas limpias privadas.
- Fuga de datos sensibles: Señalan que las autoridades exigen a los privados entregar información comercial y técnica confidencial, la cual temen que sea aprovechada por sus competidores estatales.
- Asfixia financiera: Se reportan pagos atrasados crónicos por parte de Pemex y trabas administrativas que anulan la apertura lograda en 2013.
Ante esto, la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Economía (SE) argumentan que el modelo es plenamente compatible con el tratado, puesto que el reforzamiento de Pemex y CFE busca la seguridad energética nacional bajo facultades constitucionales soberanas, negando cualquier sesgo discriminatorio.
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Lo que está en juego el 1 de julio
La fecha del 1 de julio de 2026 activa formalmente la denominada cláusula sunset (de vencimiento) del T-MEC. Los tres gobiernos tienen la oportunidad histórica de decidir si extienden de forma unánime la vigencia del tratado por seis años adicionales —asegurando su continuidad hasta el año 2042— o si entran en un escenario de revisiones anuales obligatorias que aceleraría el desgaste del acuerdo.
Dado que el mecanismo de solución de controversias ya se ha activado siete veces en diversas industrias, el expediente energético amenaza con convertirse en la moneda de cambio política de las tres administraciones.
Si México no flexibiliza el trato a los inversionistas de Texas y Canadá, Washington y Ottawa podrían condicionar la extensión del tratado, demostrando que el capítulo invisible de la energía es, en realidad, el que dictará el rumbo económico del continente.
