Durante el panel de la Semana del Combustible, titulado “Gas LP, precios máximos, margen y competencia”, el punto en común entre los panelistas fue que la política de control de precios máximos aplicada al Gas LP en México no ha logrado formalizar el mercado ni fomentar la competencia.
Para los especialistas, la metodología de topes tarifarios no reduce los costos reales de la molécula, sino que asfixia financieramente a la cadena de suministro formal, obligando a recortes que impactan directamente en la calidad y seguridad del servicio.
Susana Casorla, directora y socia fundadora de SICEnrgy & Madero detalló que el precio final del Gas LP es la suma de una canasta de componentes que incluyen costos internacionales, logística y seguros, sobre los cuales el Estado no tiene control.
“El control de precios difícilmente —y de hecho no conozco un solo mercado en el que haya ayudado— ha ayudado a un control de precios a formalizarlo, a ordenarlo, a hacerlo más eficiente”, declaró.
En su óptica, fijar un tope obliga a las empresas a recortar gastos críticos como el mantenimiento, la reposición de cilindros y la renovación de autotanques.
Por su parte, José Carlos Femat ilustró esta crisis con cifras concretas del mercado. Detalló que, tras la entrada en vigor de la nueva metodología, los márgenes sufrieron una contracción drástica.
Precisó que, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), el margen promedio de distribución en 2024 fue de 2.93 pesos por litro. Para el periodo de enero a agosto de 2025, este indicador cayó a 2.31 pesos, lo que representa una contracción del 21%.
Aunque en agosto de 2025 se negoció un margen de referencia de 3.51 pesos, la entrada en vigor de la nueva metodología de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en enero de 2026 redujo los márgenes reales a cerca de 2.80 pesos en el centro del país, y a menos de 2.00 pesos en regiones del sur y en Baja California.
“Estos dos pesos con ochenta centavos no representan para ellos utilidad neta, es un margen operativo, de ahí todavía se tiene que cubrir gastos operativos y si sobra algo, pues remunerar el capital que se invirtió”, puntualizó Femat.
Esta reducción indiscriminada, añadió, ignora las marcadas diferencias de costos logísticos y operativos que existen entre operar en zonas densamente pobladas frente a comunidades rurales o alejadas.
Sergio Santoyo, Gerente Legal en Empresas NR, coincidió en que la intervención artificial de precios es una estrategia agotada que desincentiva la participación de nuevos actores y fomenta los monopolios regionales.
“Llevamos más de 20 años con una política de control que se implementó por ahí del 2006 […] y no hemos dado el clavo de qué es lo que se necesita para poder regular el sector”, sentenció Santoyo, urgiendo al Estado a asumir su papel como un regulador que establezca reglas claras en lugar de fungir únicamente como un controlador tarifario.
A la par, Santoyo apuntó que esta política ha provocado la salida de pequeños distribuidores locales que no tienen la capacidad financiera para resistir los desfases de precios, lo que a su vez fomenta una mayor concentración de mercado en manos de unos cuantos grupos nacionales. Asimismo, criticó la parálisis en la entrega de permisos por parte de la autoridad reguladora, lo que mantiene detenidas inversiones millonarias.
El fantasma del “huachicol” y la inseguridad en ductos
Otro de los grandes problemas abordados fue el robo de Gas LP. En ese punto, Susana Cazorla subrayó que a diferencia de las gasolinas, donde impera el fraude aduanal, en el Gas LP el mercado ilícito se alimenta principalmente de la “picadura” de ductos y el robo de autotanques.
Casorla advirtió que esta práctica, operada por comisionistas ilegales y “piratas”, es extremadamente peligrosa y “ha matado familias enteras en ciertas localidades”.
“…cuando te pican el ducto y tú ya no puedes ir a recoger tu producto que nominaste porque ahora te mandan hasta no sé dónde, cuántos kilómetros, te hacen formarte y hacer colas y eso todo eso cuesta y eso no está registrado en ningún lado”, dijo.
La compleja postura del Estado frente al mercado negro quedó en evidencia durante una reunión entre empresarios y autoridades, relató Sergio Santoyo. A pesar de tener ubicados los puntos de distribución ilícita, el gobierno justifica su pasividad para evitar un colapso logístico. Al ser cuestionados sobre las acciones para erradicar este problema, la respuesta oficial fue tajante: “Es que si los atacamos, va a haber un desabasto”.
Para concluir, José Carlos Femat enfatizó que la liberalización del mercado de Gas LP no garantiza por sí sola la existencia de competencia. Por ello, propuso tres condiciones esenciales para llevar a cabo esta transición: reducir las barreras de entrada para facilitar la participación de nuevas empresas sin comprometer la seguridad; contar con políticas e instituciones fuertes capaces de identificar y sancionar las prácticas anticompetitivas; y avanzar de manera gradual empezando por las regiones con condiciones comprobables de competencia, manteniendo siempre salvaguardas para los consumidores.
Puntos clave:
- Alta dependencia de importaciones: A pesar de los esfuerzos nacionales, México sigue importando cerca del 60% del Gas LP que consume para satisfacer su demanda interna, siendo abastecido en partes casi iguales entre Pemex y la iniciativa privada.
- Parálisis en infraestructura de almacenamiento: La construcción de terminales de almacenamiento estratégico está virtualmente detenida; en los últimos ocho a diez años, las escasas inversiones que se han intentado desarrollar siguen sin entrar en operación debido a la burocracia en la obtención de permisos locales y federales.
- Historial de subsidios fallidos: Los expertos recordaron herramientas del pasado como el “Fideicomiso” (Firagas), diseñado para apoyar la sustitución de cilindros y vehículos, demostrando que históricamente el Estado ha tenido que intervenir con válvulas de escape para solventar las deficiencias de sus propias políticas de control de precios.
- La crítica al estudio de COFECE: Se consideró el estudio de la extinta COFECE, que determinó la falta de competencia en 213 de 220 mercados relevantes, se realizó “al vapor” y bajo presión política para justificar legalmente el “decretazo” de control de precios emitido en 2021.
