Tras siete años de intenso litigio, la Semarnat revocó formalmente las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo de los parques solares Ticul A y Ticul B en Yucatán. El fallo determina la cancelación definitiva de un desarrollo que pretendía instalar más de un millón de paneles en la región.
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¿Por qué importa? Este caso es un parteaguas que redefine el “riesgo regulatorio” en México. Envía un mensaje contundente a la industria: los megaproyectos renovables mal diseñados socioambientalmente pueden perderse, incluso en etapas avanzadas, si se comprueban violaciones a los derechos comunitarios.
El costo energético vs. La victoria ambiental: El desenlace pone sobre la mesa la tensión clásica entre las metas de descarbonización y la protección a la biodiversidad.
- Lo que se pierde: La península de Yucatán deja ir 310.5 MW de capacidad solar, complicando el desplazamiento de centrales que operan con combustóleo y diésel en una red que ya muestra señales de estrés.
- Lo que se salva: Se frena la intervención de más de 700 hectáreas de selva mediana, protegiendo el hábitat de especies en riesgo, vitales servicios de polinización (abejas y murciélagos) y la recarga del vulnerable acuífero kárstico.
La nueva realidad para los inversionistas: Para los desarrolladores y fondos de inversión, el estándar de viabilidad acaba de cambiar radicalmente.
- Fin de las simulaciones: Fragmentar proyectos para facilitar su aprobación ambiental (“salami slicing”) o simular consultas indígenas previas se ha convertido en una apuesta de altísimo riesgo que culmina en la pérdida total de inversión (CAPEX).
- Hacia un nuevo modelo: Este precedente podría desincentivar las instalaciones utility scale en zonas sensibles y redirigir el capital hacia la generación distribuida, o forzar modelos que incluyan acuerdos reales de beneficio comunitario.
La nota de fondo: Las comunidades mayas y organizaciones de la sociedad civil como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) han validado el poder del litigio estratégico. El caso Ticul obliga a la Sener, la CRE y la Semarnat a entender que no toda energía limpia es justa. Si la transición energética implica despojo o ecocidio, terminará descarrilada en los tribunales federales.
