Kenji caminaba por un inmenso terreno nivelado en las afueras de Monterrey. Como director de una importante manufacturera asiática de autopartes, había hecho todo exactamente bien. Consiguió el capital necesario, firmó contratos con tres gigantes automotrices y diseñó una nave industrial de última generación. Todo estaba listo para capitalizar el esperado milagro del nearshoring.
Sin embargo, su ambicioso proyecto llevaba dieciocho meses completamente paralizado. No enfrentaba problemas laborales, escasez de agua, ni conflictos aduaneros. El problema de Kenji era absurdamente simple pero totalmente insuperable; no había forma de conectar su flamante fábrica a la red eléctrica. Faltaba un gran enchufe.
La frustración del empresario asiático ilustra una realidad que nos duele. El debate público sobre energía en nuestro país suele centrarse apasionadamente en la generación. Los políticos, académicos y analistas discuten todos los días sobre quién debe producir la electricidad, enfrentando a las empresas privadas contra la compañía estatal.
También debaten intensamente sobre cómo debe producirse esa energía, contraponiendo los muy tradicionales combustibles fósiles contra las fuentes renovables modernas. El gobierno federal, nos ha tratado de convencer de que la crisis nacional es una cuestión exclusiva de turbinas, paneles solares o enormes refinerías. Pero esta visión superficial ignora por completo la verdadera naturaleza estrictamente logística del problema.
La realidad técnica nos muestra un escenario distinto. No importa cuántos megavatios podamos producir en el sur del territorio si no contamos con los cables de alta tensión necesarios para llevarlos hasta los grandes parques industriales del norte. Imagina construir una gigantesca planta potabilizadora de agua en medio del desierto, capaz de abastecer a millones de personas, pero olvidar construir las tuberías maestras para distribuirla hacia las ciudades. El agua existe, pero resulta inútil. Exactamente eso ocurre hoy con la electricidad mexicana. La transmisión es el eslabón perdido, la pieza invisible que nadie parece querer notar ni financiar adecuadamente jamás.
El nearshoring prometía una bonanza histórica indiscutible. Después de la pandemia, las empresas globales decidieron abandonar Asia buscando acercarse al valioso mercado estadounidense. México, compartiendo miles de kilómetros de frontera norte, ganó la lotería geográfica mundial. Inmediatamente, la demanda de naves industriales explotó exponencialmente. Las proyecciones hablaban de billones de dólares ingresando velozmente.
Sin embargo, nadie anticipó el silencioso asesino económico oculto bajo nuestras cabezas. La total saturación de la infraestructura eléctrica nacional. Miles de empresas llegaron con sus valiosas chequeras abiertas, listas para iniciar operaciones, solo para descubrir que encender sus enormes maquinarias industriales resultaba físicamente imposible. Faltaban conexiones.
¿Por qué llegamos a este absurdo y doloroso punto?
La revelación reside en el diseño legal del sistema mexicano. Mientras que la generación eléctrica se abrió parcialmente a la inversión privada en el gobierno de Peña Nieto, la transmisión y distribución permanecieron bajo el estricto monopolio del Estado. Para la burocracia, construir cables nunca fue políticamente atractivo. Las largas líneas de transmisión no ganan elecciones presidenciales ni protagonizan vistosas ceremonias inaugurales. Son obras largas, invisibles, técnicamente complejas y profundamente costosas. Durante años, la planeación gubernamental postergó sistemáticamente la modernización de la red, invirtiendo presupuestos millonarios en otros rubros, mientras la silenciosa demanda industrial crecía sin control.
Las graves consecuencias de esta terrible omisión estatal son verdaderamente profundas. La aguda escasez de transmisión eléctrica no solamente retrasa ambiciosos proyectos industriales; está reconfigurando silenciosamente toda la geografía económica del país. Las fábricas extranjeras ya no se instalan en las regiones donde existe una mejor logística carretera, donde el talento humano es abundante, o donde abundan enormes recursos naturales hídricos. Se ven forzadas a establecerse únicamente donde la burocracia estatal les confirma que aún existe alguna mínima capacidad remanente en los obsoletos transformadores locales. El cable dicta hoy el futuro, superando cualquier otra valiosa ventaja competitiva nacional o internacional.
Empresarios sumamente frustrados como Kenji descubren rápidamente una realidad paralela. Para poder operar, tienen que financiar ellos mismos las expansiones de red. Asumen millonarios costos adicionales instalando sus propias subestaciones eléctricas, postes y kilómetros de costoso cableado, los cuales, por increíble obligación constitucional, deben donar inmediatamente al propio Estado mexicano. Es un impuesto logístico tremendamente oculto que destruye los márgenes operativos de cualquier negocio.
Muchos inversionistas asiáticos simplemente deciden marcharse y buscar otras naciones más preparadas y mucho menos burocráticas, llevándose consigo miles de preciados empleos bien remunerados, valiosa transferencia tecnológica global y múltiples invaluables oportunidades de crecimiento económico permanente.
Finalmente, el gran dilema del nearshoring mexicano nos enseña una dura e imborrable lección sociológica y gubernamental sobre las oportunidades perdidas. Mientras toda la acalorada atención política se desgasta inútilmente debatiendo ideologías abstractas sobre soberanía energética estatal, el verdadero obstáculo permanece fuertemente enterrado bajo inoperantes escritorios oficiales. Si no invertimos rápidamente cifras inmensas y decisivas en multiplicar nuestros vitales cables de alta tensión nacional, continuaremos ahuyentando la invaluable prosperidad global. El ansiado desarrollo económico moderno no requiere gloriosos discursos nacionalistas ni brillantes paneles solares aislados; exige urgentemente, ante todo, un gigantesco, simple y muy bien conectado enchufe industrial mexicano operativo.
