Hay números que son demasiado grandes para dejarlos pasar y cincuenta y nueve millones de litros de combustible es uno de ellos.
Cuando las autoridades anunciaron el aseguramiento de ese volumen en una terminal de San José Iturbide, Guanajuato, la noticia inmediatamente adquirió dimensiones históricas y no era para menos, hablamos de alrededor de 371 mil barriles de combustibles, el equivalente a casi 1,800 autotanques de 33 mil litros.
El problema es que el tamaño del hallazgo parece haber corrido más rápido que la investigación y aquí quiero ser muy claro. No cuestiono el operativo realizado por el gobierno federal. Si las autoridades detectaron posibles irregularidades en la trazabilidad del combustible, tenían no sólo el derecho sino la obligación de intervenir, asegurar precautoriamente el producto e investigar hasta conocer su procedencia.
Lo que cuestiono es otra cosa. ¿Por qué anunciar semejante golpe antes de tener certeza de que los 59 millones de litros eran efectivamente ilegales?
La propia Fiscalía General de la República informó inicialmente que se trataba de hidrocarburos cuyo origen no había sido acreditado. El Gobierno de Guanajuato fue todavía más cuidadoso en su comunicado, señaló que debían realizarse los peritajes necesarios para determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.
Análisis y reportes que no vas a leer en el sitio
Únete al canal de WhatsApp de energynews.mx
Es decir, todavía había preguntas fundamentales sin responder y ése es precisamente el problema que quiero señalar.
Una cosa es que una empresa no haya acreditado satisfactoriamente ante la autoridad la trazabilidad de una parte del combustible y otra muy diferente es que la autoridad haya demostrado que todo ese combustible fue robado, contrabandeado o comercializado ilegalmente. Entre una cosa y otra existe algo fundamental. La evidencia.
SIMSA, por su parte, asegura que la terminal opera legalmente, cuenta con los permisos correspondientes y que el combustible almacenado pertenece a empresas clientes que también cuentan con permisos. Eso tampoco demuestra automáticamente que los 59 millones de litros sean legales. Corresponderá a las empresas comercializadoras acreditar cada operación y a la autoridad verificarla.
Pero precisamente por eso había que investigar antes de convertir el volumen asegurado en un gran anuncio mediático. Porque 59 millones de litros son suficientes para construir un titular espectacular, pero no son suficientes para demostrar un delito.
El volumen únicamente demuestra que había muchísimo combustible almacenado. Para saber si era ilegal hay que reconstruir su historia. Quién lo compró, quién lo vendió, de dónde salió, cómo ingresó al país en caso de ser importado, qué impuestos pagó, cómo fue transportado, cuándo ingresó a la terminal y quién es finalmente su propietario.
Para eso existen facturas, pedimentos, permisos, controles volumétricos, documentos de transporte y registros fiscales. La secuencia debería ser sencilla, primero asegurar, luego investigar, comprobar y después anunciar las conclusiones.
Pero aquí pareciera que ocurrió al revés, primero asegurar, después anunciar un hallazgo histórico y después continuar investigando para determinar exactamente qué se había pasado.
Quizá la investigación termine demostrando que los 59 millones de litros eran ilegales. Si es así, estaremos frente a un caso extraordinariamente grave y las empresas involucradas tendrán mucho que explicar. Quizá solamente una pequeña parte presente irregularidades, o quizá (lo más probable) los propietarios terminen acreditando documentalmente la legal procedencia del combustible.
Hoy no lo sabemos y ése es justamente el punto. El combate al robo y al contrabando de combustibles es demasiado importante como para convertirlo en una competencia por anunciar cifras récord. Un caso de esta magnitud requiere investigaciones sólidas, trazabilidad documental y responsabilidades perfectamente identificadas, lo que menos necesitamos es anticipar conclusiones de esa magnitud.
Porque cuando una investigación todavía está tratando de determinar la procedencia y legalidad del producto, quizá sea demasiado pronto para celebrar el tamaño del golpe.
Los 59 millones de litros hicieron irresistible la noticia. Pero un número, por histórico que parezca, nunca debería llegar antes que la evidencia. Por qué lo correcto es primero se investiga. Después se concluye. Y entonces se anuncia. No al revés.
