El 2026 marcó el regreso formal de las renovables a la agenda energética mexicana, pero no bajo las mismas reglas que conocimos en la década pasada. La nueva política energética y su batería de lineamientos han reabierto vías de inversión para proyectos solares, eólicos y de almacenamiento, al tiempo que refuerzan el control estatal sobre quién puede participar, en qué condiciones y en qué regiones.
Uno de los hitos más visibles es la nueva política que busca reactivar alrededor de 6,000 MW de nueva capacidad dentro del plan de expansión, combinando ciclos combinados con proyectos fotovoltaicos y eólicos. Esta meta forma parte de una estrategia 2026–2030 que aspira a integrar las renovables como componente explícito de la expansión eléctrica, ya no como elemento marginal o limitado a subastas aisladas. Sin embargo, la forma en que se estructuran las convocatorias y contratos muestra que el Estado busca mantener un alto grado de dirección sobre el ritmo y la ubicación de estos proyectos.
La reforma energética de 2025 reorganizó el sector bajo un principio claro: CFE mantiene al menos 54% de la generación, mientras que la iniciativa privada puede participar hasta en 46% mediante seis modalidades de desarrollo claramente delimitadas. En este contexto, a finales de 2025 se aprobaron 20 proyectos privados —15 solares y cinco eólicos— que sumarán 3,320 MW de generación y 1,488 MW de almacenamiento, con una inversión estimada de 4,750 millones de dólares, y se anunció una segunda ronda para inicios de 2026 con el objetivo de completar 6,000 MW. Para las empresas, esto significa que el mercado vuelve a abrirse, pero a través de ventanillas específicas y procesos cuidadosamente curados.
Un ejemplo de esta selectividad es la Convocatoria para Proyectos Estratégicos de Generación y Almacenamiento publicada en mayo de 2026. A través de este mecanismo, SENER busca tramitar de forma prioritaria permisos, estudios de interconexión y contratos de conexión para proyectos renovables y de almacenamiento igual o mayores a 0.7 MW, siempre que estén alineados con la planeación vinculante del Sistema Eléctrico Nacional. La Ventanilla Única de Proyectos Estratégicos del Sector Energético (VUPE) se convierte en la puerta de entrada para que desarrolladores presenten manifestaciones de interés y dossiers completos, con ventanas acotadas entre mayo y agosto de 2026.
Al mismo tiempo, el gobierno ha lanzado un mensaje claro sobre proyectos legados bajo el esquema de autoabasto y cogeneración. Nuevos lineamientos de junio de 2026 establecen un procedimiento temporal y excepcional —vigente hasta octubre de 2028— para que permisos legados migren voluntariamente a figuras previstas en la Ley del Sector Eléctrico, como generación para el mercado, autoconsumo interconectado o aislado. La migración se acompaña de una nueva metodología de cargos de transmisión que sustituye al antiguo “porteo estampilla” y redefine costos para generadores y grandes usuarios.
Para los desarrolladores de renovables y sus clientes corporativos, esta combinación de nuevas convocatorias y migración voluntaria abre tanto oportunidades como riesgos. De un lado, quienes decidan migrar pueden acceder a esquemas más claros de comercialización, contratos de largo plazo y participación en mercados, evitando la incertidumbre jurídica que rodeó a los proyectos legados en los últimos años. Del otro, quedan sujetos a una estructura tarifaria de transmisión distinta, a reglas de despacho más estrictas y a un marco de planeación donde la prioridad ya no es sólo la eficiencia económica, sino la confiabilidad y la alineación con objetivos de transición.
La política renovable 2026 también incorpora al almacenamiento como pieza central, no como complemento. Las nuevas DACGs de integración de almacenamiento tratan a los BESS como infraestructura necesaria para la confiabilidad del sistema, con requisitos específicos de permisos, estudios y clasificación por capacidad. Esto tiene dos efectos: eleva la vara técnica y regulatoria para proyectos que combinan solar, eólica y almacenamiento, pero también abre un mercado potencial de hasta 2.5 GW de BESS asociados a renovables, con inversión estimada de 18,000 millones de dólares hacia 2030 según proyecciones recientes.
En este contexto, empresas e inversionistas deben leer la nueva política renovable 2026 con doble lente. Desde una perspectiva, ofrece mayor certidumbre que la fase de incertidumbre regulatoria de años anteriores: hay metas, convocatorias, contratos de referencia y programas de expansión alineados con la transición. Desde otra, refuerza el control del Estado vía SENER, CFE y CENACE, condicionando permisos e interconexiones a su alineación con la planeación vinculante y a nuevas estructuras tarifarias.
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La pregunta estratégica para el sector privado no es sólo si México vuelve a ser un destino viable para renovables, sino qué tipo de proyectos encajan con este nuevo ecosistema: plantas asociadas a CFE bajo contratos a 25 años, proyectos estratégicos con BESS en regiones seleccionadas, migraciones cuidadas de esquemas legados o iniciativas de menor escala vinculadas a autoconsumo empresarial. En todos los casos, el margen para proyectos “a la medida” de un solo cliente o desconectados de la narrativa oficial se reduce.
En definitiva, la política renovable 2026 no es un simple regreso a las viejas subastas ni un cierre total al capital privado; es una fase de transición en la que el Estado intenta ordenar el crecimiento renovable bajo sus propios términos. Para empresas y bancos, el reto será identificar rápidamente si este marco representa una ventana de oportunidad aprovechable —con reglas más claras aunque más exigentes— o si la combinación de control reforzado, cargas de transmisión y lineamientos de planeación hace que el riesgo regulatorio siga siendo demasiado alto para determinados perfiles de proyecto.
