México se ha convertido en un comprador estructural y cada vez más dependiente del gas natural estadounidense, con volúmenes récord de importación que sostienen tanto a la CFE como a la industria, mientras el discurso oficial insiste en la soberanía energética y el impulso a la producción nacional.
Los datos más recientes de NGI muestran que las exportaciones de gas por ducto desde Estados Unidos hacia México se han mantenido en un rango elevado, con promedios cercanos o superiores a 6.6 Bcf/d en 2025 y una tendencia al alza hacia 2026. Aunque los precios en hubs como Waha han sido extremadamente volátiles —con episodios de valores negativos cuando se satura la infraestructura en Permian— los volúmenes que cruzan a México apenas se inmutan, por qué la demanda mexicana actúa como “ancla” de estos flujos. Los datos de NGI que relaciona precios bidweek de Waha y Agua Dulce con exportaciones a México refleja precisamente esta desconexión parcial entre precio y volumen: aun con descuentos profundos, el gas sigue fluyendo hacia el sur porque responde a contratos y necesidades estructurales de generación y proceso industrial.
Ductos, precios y balance del gas natural en México
Importaciones por gasoducto desde EE.UU., el diferencial Waha–Agua Dulce y la composición del consumo diario nacional, 2023–2026.
Esa estabilidad en las importaciones tiene nombre y apellido. Se trata de la CFE y los grandes corredores industriales del país. Las plantas de ciclo combinado de CFE, así como las centrales privadas que ahora operan bajo reglas más restrictivas tras la reforma eléctrica de 2025, dependen del gas estadounidense para sostener el crecimiento de la demanda eléctrica, incluidas nuevas cargas de data centers y procesos de IA. La industria manufacturera —desde el Bajío hasta la frontera norte— ha construido su competitividad en torno a un insumo barato y abundante que llega, en gran medida, por los gasoductos que conectan con Waha y Agua Dulce. En términos de balanza energética, México importa alrededor de 70% del gas que consume, y Pemex sólo aporta una fracción de gas seco utilizable frente a su producción bruta.
En paralelo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha relanzado la narrativa de la soberanía energética, reforzada con una reforma que devuelve protagonismo a las empresas estatales —CFE y Pemex— y centraliza la regulación en la nueva Comisión Nacional de Energía. El plan oficial plantea tres pilares. Por una parte equipos más eficientes, por otra mayor participación de renovables y por último, la explotación de reservas de gas convencional para reducir importaciones, con Pemex como eje de la recuperación productiva.
Sin embargo, las cifras de consumo diario —unos 9,000 millones de pies cúbicos, de los cuales cerca de 6,800 millones se importan de Texas— muestran que cualquier reducción rápida de esa dependencia pasa por un cuello de botella. La limitada capacidad de procesamiento y el bajo volumen de gas seco disponible.
Pemex tiene metas ambiciosas para elevar su producción bruta de gas hacia 2030, pero el problema no es sólo extraer más, sino acondicionar ese gas para uso en la red y en la industria. El predominio de gas asociado y la falta de infraestructura de procesamiento y almacenamiento hacen que la producción interna no pueda sustituir en el corto plazo los volúmenes importados. Además, México sigue sin resolver su déficit crítico de almacenamiento, ya que prácticamente no cuenta con reservas estratégicas, frente a países que operan con 40–90 días de consumo, lo que deja a la CFE y a la industria expuestas a cualquier choque de oferta en los Estados Unidos, como se evidenció en la tormenta invernal “Uri” de 2021.
La paradoja que ilustran los datos publicados por NGI, es que, mientras los flujos de gas hacia México se consolidan como columna vertebral de la seguridad energética y del modelo industrial, el país avanza en un discurso de soberanía que aún no se traduce en una reducción efectiva de la dependencia.
Para CFE, mantener contratos de importación a largo plazo es indispensable para garantizar precios competitivos y continuidad del suministro; para la industria, renunciar súbitamente al gas estadounidense implicaría sacrificar el atractivo del nearshoring y el crecimiento manufacturero. El verdadero debate no es si México puede vivir sin gas de Estados Unidos —hoy, claramente no— sino cómo combina ese flujo estable con una agenda creíble de diversificación: más renovables, más eficiencia, más almacenamiento y un impulso ordenado a la producción nacional que reduzca la vulnerabilidad sin destruir la competitividad.
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