Una investigación basada en documentos internos de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), la constructora pública del Gobierno de Sinaloa consultada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha destapado un alarmante canal de financiamiento público hacia empresas fantasma y redes del crimen organizado. Los registros contables revelan que, entre el 4 y el 23 de abril de 2024, esta dependencia realizó tres transferencias bancarias a favor de Ahavat Logistics Solution por un monto total de 678 mil 900 pesos.
Preecasin, un organismo creado en 1987 originalmente como productora de materiales y que desde hace 15 años funge como ejecutora de obra pública en el estado, efectuó estos movimientos desde una cuenta de Banorte de forma directa. En la contabilidad interna, los conceptos aparecen descritos únicamente como “pago de factura”, sin especificar qué bien o servicio fue adquirido. Lo más grave es que Ahavat no figura en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa, por lo que no existe un contrato, licitación o adjudicación directa que respalde públicamente la legalidad de estos pagos.
La red de huachicol fiscal y lavado del CJNG
El trasfondo del receptor de los fondos públicos es de índole criminal internacional. El pasado 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una alerta donde identificó formalmente a Ahavat Logistics Solution como parte de una red de lavado de dinero y “huachicol fiscal” al servicio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionaron e incluyeron en su lista negra a la empresa y a su administrador único, J. Refugio Ruiz Villagómez, acusándolos de contrabandear combustible desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes y pagar cuotas a los cárteles para controlar las aduanas fronterizas.
Ahavat fue fundada en 2017 en Toluca, obteniendo en 2020 un permiso de comercialización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Aunque declaró domicilios fiscales en Acambay y Metepec, como contratista reportó su dirección real en un edificio de la calle Pablo Villaseñor, en Guadalajara. Ese domicilio es exactamente el mismo donde opera Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa propiedad del propio Ruiz Villagómez utilizada por el CJNG.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en México y del FBI en EE. UU. ya seguían el rastro de Jomadi. Durante el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, se le autorizó importar hasta 9 mil millones de litros de diésel. Además, en marzo de 2020, Jomadi firmó un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para recibir 5 millones de barriles de crudo venezolano a cambio de enviar gasolina a puertos de Turquía, lo que desató una indagatoria del FBI por tráfico de combustible. FinCEN reporta que ambas firmas movieron decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG.
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El contexto político: La tensión en la gestión de Rocha Moya
Estas transferencias irregulares se ejecutaron bajo la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, quien asumió el cargo en noviembre de 2021 y recientemente solicitó licencia tras una acusación formal del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. La fiscalía federal estadounidense señala a Rocha Moya de haber operado políticamente en beneficio de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, tras reunirse presuntamente con mandos criminales que ordenaron el robo de boletas electorales y el secuestro de candidatos opositores para asegurar su triunfo en 2021. La acusación detalla, además, el pago de mensualidades en efectivo para comprar la protección de al menos seis altos funcionarios de su administración.
La triangulación de dinero de una constructora estatal sinaloense (históricamente territorio del Cártel de Sinaloa) hacia una empresa del CJNG cobra un sentido estratégico a la luz de los reportes de inteligencia militar. Desde 2025, el propio gobierno federal documentó una alianza táctica entre el CJNG y Los Chapitos para hacer frente a “La Mayiza”, la facción rival interna de la organización sinaloense.
Apenas el pasado 16 de junio de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en la conferencia matutina que el CJNG —bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”— financió y envió sicarios al sur de Sinaloa para apoyar a Los Chapitos. Aunque García Harfuch señaló que no hay evidencia de que la alianza continúe tras la muerte de “El Mencho”, ocurrida el 22 de febrero de 2026, el flujo de dinero detectado en las cuentas de Preecasin expone los vasos comunicantes financieros que operaron durante esta violenta tregua criminal.
