Ante la alarmante evolución del contrabando de combustibles en las fronteras, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) puso sobre la mesa una reforma fiscal disruptiva: trasladar el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas directamente a las estaciones de servicio, eliminando de tajo los incentivos económicos que nutren el lucrativo negocio del “huachicol fiscal”.
¿Por qué importa? Actualmente, el IEPS se calcula e impone en las etapas iniciales de la cadena (importación o terminales de almacenamiento). Al internar combustible desde Texas bajo documentación falsa que lo hace pasar por “aceites” o “lubricantes” exentos de este gravamen, las redes criminales obtienen una ventaja de margen brutal. La propuesta de la Coparmex busca que la fiscalización se mueva al último eslabón de la cadena, el consumidor final. De esta forma, no importará cómo o bajo qué etiqueta entró el combustible al país; toda gota despachada en bomba pagará el impuesto correspondiente, neutralizando la ganancia del contrabando.
La viabilidad técnica y el reto de los controles volumétricos
Durante la Primera Jornada Nacional de Análisis de la Cadena de Valor de las Gasolinas y el Diésel, Carlos Hernández, presidente de la Comisión de Energía de Coparmex, defendió la capacidad operativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ejecutar este viraje metodológico:
- Puntos de fiscalización: Hernández argumentó que si el SAT tiene la infraestructura para fiscalizar a más de 40 millones de contribuyentes en el país, vigilar de manera estricta a las 14,000 estaciones de servicio activas en territorio nacional es una meta perfectamente alcanzable que “solucionaría de un tajo todo”.
- Siete años de opacidad: El líder empresarial lanzó una dura crítica hacia el pasado reciente, denunciando que durante los últimos siete años no se cumplió con la correcta implementación de los controles volumétricos ni con la vigilancia de los actores del mercado. Esto permitió que intermediarios y comercializadores con permisos oficiales simularan operaciones utilizando facturas falsas.
No obstante, Coparmex reconoció que hoy existe una ventana de oportunidad inigualable para revertir este rezago debido al endurecimiento de las penas de la legislación mexicana y a la reciente presión de agencias estadounidenses como la FinCEN, que detectaron transacciones sospechosas por más de 7,000 millones de dólares ligadas a este ilícito.
Alerta por desabasto: El riesgo de los precios tope
El análisis de la cúpula patronal no se limitó al combate del crimen organizado; también encendió las alarmas sobre la política de control de precios del Gobierno Federal en un contexto internacional volátil debido al conflicto bélico en el Medio Oriente (Irán–EE. UU.):
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“Nadie en su sano juicio va a estar trabajando para estar perdiendo dinero por un largo plazo”.
— Carlos Hernández, presidente de la Comisión de Energía de Coparmex.
La confederación advirtió que mantener de forma rígida los pactos de precios máximos (como la Magna por debajo de los 24 pesos por litro o el tope fallido de 27 pesos para el diésel) obliga a los importadores privados y a los dueños de las gasolineras a absorber las pérdidas causadas por los altos costos de refinación en la Costa del Golfo de EE. UU. Si Hacienda no flexibiliza estas fórmulas para reflejar las variaciones del mercado global, se corre el riesgo inminente de que los distribuidores suspendan importaciones, detonando un desabasto de combustibles.
Corresponsabilidad binacional: La postura de los agentes aduanales
El debate contó con la participación de José Iñaki Zaragoza, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), quien recordó el enorme peso del sector energético en el comercio exterior: casi la mitad de todas las importaciones realizadas en el país mediante pedimento aduanal corresponden a hidrocarburos.
Zaragoza subrayó que el combate al huachicol fiscal es un problema de corresponsabilidad y que Estados Unidos debe endurecer sus propios mecanismos de supervisión sobre las terminales portuarias y ferroviarias de Texas de donde zarpan los cargamentos ilícitos. Respecto a las recientes y estrictas modificaciones a la Ley Aduanera mexicana, el titular de CAAAREM admitió que aunque los cambios de trazabilidad provocaron severas complicaciones operativas para los agentes aduanales en las aduanas del norte (como Tamaulipas y Nuevo León), el flujo comercial ha comenzado a normalizarse gracias a la emisión de nuevos criterios aclaratorios por parte de la autoridad fiscal.
