La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incorporó de manera inmediata a su Lista de Personas Bloqueadas a un entramado criminal de 11 sujetos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acción congeló los activos de dos personas físicas y nueve empresas dedicadas a la logística y comercialización de combustibles (huachicol).
¿Por qué importa? Esta acción coordinada expone la diversificación financiera de los cárteles mexicanos, los cuales han migrado con fuerza hacia el robo de combustibles (“huachicoleo”) para diversificar sus flujos de efectivo. Al rastrear las discrepancias fiscales en empresas formales de transporte, las autoridades de México y Estados Unidos golpean el motor económico del CJNG, una organización que, según reportes de la DEA, ya supera en presencia territorial al Cártel de Sinaloa al operar activamente en 21 de los 32 estados del país.
La estructura de la red: Transporte, combustibles y lavado
La investigación financiera binacional permitió desarticular un modelo de operación que operaba bajo fachadas comerciales legítimas:
- Empresas fachada: La red utilizaba nueve personas morales especializadas en los sectores de transporte de carga, logística y almacenamiento de energéticos para ocultar y movilizar recursos de procedencia ilícita.
- El modus operandi: El crimen organizado perfora los ductos de Pemex y desvía los refinados para comercializarlos mediante dos vías: obligando a estaciones de servicio establecidas a comprar el combustible ilícito o vendiéndolo directamente de forma clandestina. Las autoridades estadounidenses incluso señalan que el CJNG opera sus propias gasolineras.
- Alertas financieras: El análisis fiscal de la UIF identificó esquemas de transferencias internacionales sospechosas, retiros e ingresos relevantes en efectivo que no cuadraban con sus declaraciones, y la adquisición acelerada de bienes de alto valor.
Cooperación binacional frente a la “evolución” de los cárteles
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, destacó en un comunicado que estas sanciones ponen de relieve cómo los grupos de la delincuencia organizada en México se están expandiendo con agresividad más allá del tráfico tradicional de narcóticos para capturar rentas de sectores económicos clave como el energético.
Cabe recordar que estas medidas se alinean con la política de mano dura de la administración de Donald Trump, quien formalizó la designación del CJNG y otras cinco organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas extranjeras. El endurecimiento en el marco legal permite a las agencias estadounidenses congelar activos de manera expedita y perseguir judicialmente a cualquier entidad financiera global que facilite transacciones a estas redes de contrabando, las cuales operan principalmente en los estados colindantes con Texas, donde las autoridades mexicanas han incautado millones de litros de diésel y gasolinas robadas.
