El Tribunal Judicial de París ordenó hoy a la multinacional TotalEnergies publicar, en un plazo máximo de seis meses, un plan de vigilancia integral que fije de forma explícita los riesgos climáticos vinculados a sus emisiones de Alcance 3 (scope 3), referentes al uso final de sus productos, así como las medidas concretas para mitigarlos.
¿Por qué importa? Esta sentencia representa un hito en el litigio climático global y debilita la estrategia de expansión en petróleo y gas de la compañía. Al amparo de la legislación francesa sobre el “deber de vigilancia”, el tribunal determinó que las obligaciones ambientales de las grandes corporaciones no se limitan a sus operaciones directas (Alcance 1 y 2), sino que se extienden al impacto de los combustibles que comercializan (como la gasolina). Las emisiones de Alcance 3 suelen representar entre el 85% y el 95% de la huella de carbono total de un productor de hidrocarburos, por lo que este fallo ataca el corazón de su modelo financiero.
El origen de la disputa jurídica:
La resolución es el resultado de una demanda colectiva presentada por el Ayuntamiento de París en alianza con las organizaciones no gubernamentales (ONG) Notre Affaire à Tous, Sherpa y France Nature Environnement:
- El criterio del tribunal: El fallo contradice la postura del fiscal público francés, quien argumentó previamente que la ley de vigilancia no era aplicable de forma directa a los riesgos climáticos generales.
- La resolución: Los magistrados suspendieron cualquier decisión o sanción económica posterior a la espera de recibir el nuevo plan corporativo, citando a las partes a una nueva audiencia de seguimiento fijada para el 21 de enero de 2027.
La maduración del litigio climático global:
El fallo coincide con la publicación de un nuevo informe del Grantham Research Institute de la London School of Economics, el cual confirma que las demandas climáticas contra corporaciones están madurando y expandiéndose con fuerza en diversas geografías.
Esta tendencia ha provocado reacciones políticas encontradas a nivel internacional. Mientras gobiernos como el de Nueva Zelanda anunciaron en mayo reformas legales para blindar a las empresas de ser demandadas por daños derivados de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), activistas y expertos financieros advierten sobre las consecuencias de proteger corporaciones. Laura Clarke, directora ejecutiva de la ONG ClientEarth, señaló en la Cumbre de Clima e Impacto del Financial Times que “alguien tiene que pagar por los daños climáticos”, advirtiendo que si se blinda a las empresas, los gobiernos y los contribuyentes quedarán más expuestos financieramente a los costos de la transición y los desastres naturales.
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