La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener) han colocado en el centro del discurso energético el concepto de “Justicia Energética”, afirmando que México se encuentra “a un paso de la electrificación total”. La cifra que respalda esta narrativa es contundente, ya que más de 50 millones de usuarios conectados al sistema eléctrico nacional, lo que implica una cobertura superior al 99% de la población.
Desde una perspectiva social, el avance es innegable. De acuerdo con datos históricos del INEGI y la propia Sener, la electrificación nacional pasó de alrededor del 87% en 1990 a niveles prácticamente universales en la actualidad. El programa de Justicia Energética busca cerrar la última brecha, enfocándose en comunidades rurales, zonas indígenas y regiones de difícil acceso donde la extensión de la red eléctrica convencional resulta costosa o técnicamente compleja.
Sin embargo, detrás del discurso de cobertura total emerge una realidad más complicada. Electrificación no es sinónimo de acceso pleno, continuo y de calidad. En varias regiones del país, especialmente en estados del sur-sureste como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, persisten problemas de intermitencia, baja calidad del suministro y pérdidas técnicas elevadas.
El propio sistema eléctrico nacional enfrenta retos estructurales en transmisión y distribución. Según reportes de la CFE, las pérdidas técnicas y no técnicas rondan entre el 10% y 12% de la energía distribuida, una cifra significativa si se compara con estándares internacionales de entre 6% y 8%. Esto revela que, aunque el acceso físico a la red esté prácticamente garantizado, la eficiencia del sistema aún presenta rezagos.
Además, el crecimiento de la demanda eléctrica —impulsado por fenómenos como el nearshoring, la expansión industrial y el aumento en el consumo residencial— está presionando una infraestructura que ya muestra signos de saturación en nodos clave. Regiones como el Bajío, el norte industrial y la península de Yucatán han reportado limitaciones en capacidad de transmisión, lo que incluso ha derivado en restricciones para nuevos proyectos industriales o energéticos.
En este contexto, el programa de “Justicia Energética” incorpora soluciones más allá de la expansión tradicional de redes. Entre ellas destacan sistemas aislados, paneles solares en comunidades remotas y microrredes. Este enfoque híbrido es relevante, ya que reconoce que la electrificación total no necesariamente pasa por la interconexión convencional, sino por esquemas descentralizados que pueden ser más eficientes en ciertas geografías.
No obstante, estos sistemas también plantean retos. La sostenibilidad operativa, el mantenimiento, la capacitación local y la integración tecnológica son factores críticos para evitar que las soluciones queden obsoletas o subutilizadas. Experiencias previas en electrificación rural en América Latina han demostrado que la instalación sin acompañamiento técnico continuo puede derivar en fallas tempranas.
Otro punto clave es la calidad del servicio. La Comisión Nacional de Energía (CNE) establece indicadores como la duración y frecuencia de interrupciones (SAIDI y SAIFI), donde México aún presenta áreas de mejora frente a países de la OCDE. Esto es particularmente relevante si el discurso oficial migra de “cobertura” hacia “derecho a la energía”, un concepto que implica no solo acceso, sino confiabilidad y asequibilidad.
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En términos políticos y comunicativos, la narrativa de “electrificación total” funciona como un hito simbólico de política pública. Sin embargo, desde una perspectiva técnica y periodística, el verdadero desafío comienza precisamente después de alcanzar ese 99%; garantizar que la energía llegue de forma continua, eficiente y con calidad suficiente para detonar desarrollo económico.
Para el sector energético y los analistas, el siguiente capítulo de la “Justicia Energética” no será conectar a los últimos usuarios, sino fortalecer la red que los sostiene. Esto implica inversiones en modernización de infraestructura, digitalización de redes, reducción de pérdidas y expansión de capacidad de transmisión.
En síntesis, México está cerca de cerrar la brecha de acceso eléctrico, pero aún lejos de resolver los desafíos estructurales de su sistema eléctrico. La electrificación total, más que una meta final, es el punto de partida de una nueva etapa en la política energética nacional.
