En el marco de la Semana del Combustible 2026, los líderes del sector de hidrocarburos pusieron sobre la mesa la compleja realidad que enfrenta el mercado de distribución y comercialización en México.
Durante el panel sobre el futuro del downstream, Estela Isabel Camposano, especialista en el sector energético, y Ricardo Quiroz Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) coincidieron en que el sector gasolinero enfrenta una verdadera prueba de supervivencia: o invierten en tecnología, o no podrán soportar la creciente presión regulatoria.
Campusano fue contundente al advertir sobre el impacto financiero que traerán las nuevas reglas fiscales aplicables a los hidrocarburos.
“A partir del primero de julio de 2027, cualquier desfase o error en la medición o en los reportes ya no será solo un problema administrativo o una multa, se convertirá en un impuesto directo al IEPS que sale de la misma utilidad del negocio, que no se puede trasladar al usuario final”, sentenció.
Enfatizó que, aunque la autoridad es consciente de que existen mermas, inventarios y desbalances naturales en la operación diaria que impiden que los volúmenes cuadren perfectamente en un solo mes, las reglas actuales exigirán una trazabilidad sumamente estructurada. Para sobrevivir, señaló que los operadores requerirán solidez financiera, liquidez y una estrategia integral de cumplimiento coordinada con sus áreas jurídicas.
En este escenario, el papel de la proveeduría especializada es más crítico que nunca. Ricardo Quiroz Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), detalló que el desafío regulatorio se traduce inevitablemente en un aumento exponencial del gasto operativo para el empresario.
“La modernización de las estaciones de servicio pues dejó de ser un asunto exclusivamente tecnológico y es una condición indispensable para garantizar el cumplimiento regulatorio, la eficiencia operativa y la competitividad del sector”, dijo.
El presidente de la AMPES detalló que la proveeduría debe enfocarse en tres prioridades: tecnología integrada (sistemas de almacenamiento, despacho y medición coordinados), cumplimiento desde el diseño de las normas técnicas y una inversión inteligente que reduzca riesgos y pérdidas operativas.
“La modernización debe traducirse en beneficios tangibles para el sector gasolinero: menos pérdidas operativas, mayor confiabilidad, mantenimientos preventivos, reducción de riesgos y mejor capacidad para responder a las revisiones de las autoridades”, explicó.
El rol del comercializador
La propuesta gubernamental de eliminar o acotar la figura del comercializador en la cadena de hidrocarburos. Ricardo Quiroz advirtió que prescindir de este eslabón logístico podría derivar en problemas de desabasto similares a los experimentados a inicios de 2019.
“Si quitamos este eslabón tan importante de las comercializadoras, ¿el gobierno va a tener la capacidad logística para suministrar el combustible que ya no va a ser a través de ésas? Esa creo que es el gran reto y a lo mejor lo que no está vislumbrando realmente el Estado mexicano”, expuso.
En su planteamiento, Estela Campusano advirtió que es un error depender al 100% de Pemex para resolver los retos de suministro y logística. La especialista subrayó que la participación pública y privada no están peleadas, sino que se complementan: “donde no puede llegar Pemex, un privado seguramente sí lo puede hacer”.
Falta de certidumbre
La transición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha generado un rezago histórico en la tramitología. Según los panelistas, el sector vive el segundo peor año en emisión de permisos desde la pandemia de COVID-19.
Campusano explicó que las solicitudes son rechazadas frecuentemente por criterios subjetivos, obligando a los empresarios a iniciar trámites desde cero. Esta situación impide cualquier planeación a mediano o largo plazo. Quiroz coincidió en que la falta de certidumbre jurídica desincentiva las inversiones y paraliza a toda la cadena de valor, afectando directamente a constructores y proveedores de equipamiento.
Electromovilidad y el futuro de las estaciones
Finalmente, el panel abordó la coexistencia de los combustibles fósiles con las nuevas tecnologías limpias y la electromovilidad. Quiroz destacó que ya existen casos de éxito de estaciones de servicio tradicionales que incorporan cargadores eléctricos, así como electrolineras dedicadas al transporte público y privado.
No obstante, el presidente de la AMPES evidenció una notable asimetría regulatoria que favorece a las nuevas tecnologías sobre el sector de hidrocarburos: “Para realmente el sector eléctrico y electrolineras la regulación es muy poca… es más fácil ahorita instalar una electrolinera que una estación de servicio tradicional”.
Para concluir, ambos expertos recomendaron a las estaciones medianas realizar inversiones inteligentes en los próximos 12 meses, enfocándose en la capacitación del personal para atender auditorías y en la creación de un “ecosistema comercial” (cafeterías, tiendas de conveniencia y cargadores eléctricos) que diversifique los ingresos del negocio más allá de la venta de combustible.
En síntesis, la resiliencia del downstream mexicano ya no dependerá únicamente de despachar litros completos y exactos, sino de transformar cada estación en un ecosistema de servicios altamente rentable que logre mitigar la asfixia regulatoria, la volatilidad de los precios y el constante estrechamiento de los márgenes comerciales.
Puntos clave
- El mercado oculto del autoconsumo: Existe una disparidad masiva en la estructura del sector que altera las estrategias de proveeduría. Las instalaciones de autoconsumo superan a las estaciones de servicio tradicionales en una proporción de 3 a 1, contabilizando entre 40,000 y 50,000 puntos de autoconsumo frente a las poco más de 14,000 estaciones comerciales en el país.
- Parálisis de capital por tramitología: La certidumbre jurídica sigue siendo el mayor freno para el crecimiento de la infraestructura de almacenamiento y expendio; la obtención de un permiso regular puede demorar hasta dos años, manteniendo las inversiones completamente inmovilizadas e incrementando el costo de oportunidad.
- Impulso estatal a los biocombustibles: A pesar del enfoque federal en los combustibles fósiles tradicionales, existen esfuerzos focalizados a nivel estatal que buscan diversificar la matriz del transporte, destacando iniciativas recientes como el proyecto del gobierno de Tamaulipas orientado a la producción de bioetanol.
- El cuello de botella de la verificación: La inminente entrada en vigor de normativas actualizadas (como la NOM-023 de ASEA y la reactivación de inspecciones bajo la NOM-005) generará una presión sin precedentes sobre las unidades de verificación, limitando la capacidad de las estaciones para certificarse a tiempo y evitar clausuras precautorias.
