En el sector energético mexicano, la opacidad ha dejado de ser un accidente burocrático para convertirse en una estrategia de Estado. Existe una diferencia abismal entre que un dato no exista y que, deliberadamente, deje de ser accesible. Hoy, la ciudadanía, los analistas y los mercados enfrentan un patrón sistemático de ocultamiento que atraviesa a la Secretaría de Energía (SENER), a Petróleos Mexicanos (Pemex) y al nuevo superregulador, la Comisión Nacional de Energía (CNE). La pregunta aquí es inevitable. Si estas instituciones son capaces de maquillar cifras de producción, sumar arbitrariamente condensados al petróleo para inflar las cifras y aplicar “trucos” contables, ¿cómo podemos confiar en sus reportes de pagos a proveedores o en los saldos reales de su astronómica deuda?
La desconfianza no surge de la nada; se ha construido expediente tras expediente. El ejemplo más emblemático es el “Caso de Negocio de la Refinería de Dos Bocas”, un documento fundamental que debió explicar el margen de refinación, la demanda esperada, el calendario y la lógica económica del proyecto. La información fue reservada por cinco años bajo el pretexto de “seguridad nacional” y ventajas competitivas. Esta reserva no solo ocultó información técnica, sino que impidió auditar en tiempo real cómo la obra duplicaba su costo original mientras postergaba una y otra vez su entrada en operación comercial.
A la reserva injustificada se suma la fragmentación intencionada de la competencia. Pemex ha respondido de forma recurrente con “incompetencia” o “inexistencia” ante solicitudes de acceso a la información sobre sus proyectos clave, obligando a los ciudadanos a recurrir a resoluciones del INAI para que la paraestatal admita que sí posee los datos de sus propias filiales. Más grave aún fue la clasificación como “confidencialidad total” —sin límite temporal— del informe de evolución física y financiera de la misma refinería, blindando un documento público como si fuera un secreto industrial absoluto.
Cuando los datos no se ocultan por la vía legal, se desmantelan los instrumentos para analizarlos. La transición de una transparencia formal a una inutilidad funcional es evidente. El Portal Público de Contratos de Pemex retiró la opción de descargar contrataciones en formatos abiertos (como Excel). Publicar miles de contratos que solo pueden revisarse uno por uno no es transparencia, es un obstáculo diseñado para frenar cualquier auditoría a gran escala sobre la asignación de recursos públicos.
A este escenario se añade el silencio presupuestal de la SENER, que se negó a transparentar el gasto real ejercido en obras estratégicas, dispersando el dinero público en un laberinto financiero entre Hacienda, Pemex y empresas filiales. Para colmo, el rezago en la actualización de la Base de Datos Institucional —donde la publicación mensual de la producción de crudo sufre retrasos injustificados— rompe con las series históricas y confirma que la oportunidad de la información ha dejado de ser una prioridad.
Hoy, la CNE absorbe las facultades que antes tenían la CNH y la CRE, generando severas dudas sobre si preservará la trazabilidad y continuidad de los historiales regulatorios o si profundizará el apagón informativo. El patrón que conecta cada una de estas decisiones es innegable. Reservas, confidencialidades totales, portales inoperantes y rezagos estadísticos. Cuando una empresa estatal y sus reguladores acostumbran esconder la realidad operativa y la producción real, la información sobre sus finanzas, sus deudas con proveedores y sus pasivos pasa de ser un indicador contable a un acto de fe que nadie en su sano juicio debería aceptar.
