Hay una diferencia entre que un dato no exista y que un dato deje de ser accesible. En el sector energético mexicano, la segunda opción se ha vuelto un patrón. No se trata de un expediente aislado ni de una dependencia particularmente lenta. Estamos hablando de una tendencia que atraviesa reservas de información, cambios de competencia, clasificaciones de confidencialidad, portales que dejaron de servir para lo que fueron diseñados, y ahora, un regulador nuevo cuya trazabilidad todavía está por probarse.
El caso más citado es el del “Caso de Negocio Nueva Refinería en Dos Bocas”: el documento que debería explicar la lógica económica y técnica detrás de la refinería —demanda esperada, margen de refinación, calendario, riesgos, fuente de recursos— fue reservado por cinco años. Pemex argumentó que divulgarlo generaría desventajas competitivas, comerciales y afectaciones de seguridad nacional. El problema no es solo la reserva en sí, sino lo que impide verificar. Si el proyecto se mantiene dentro de los supuestos que lo justificaron originalmente, mientras acumula sobrecostos y cambios de fecha de entrada en operación.
El segundo patrón es distinto. No es reserva de datos, sino fragmentación de competencia. En 2023, el INAI tuvo que ordenar a Pemex entregar el proyecto de construcción, reportes de avance y cronogramas de Dos Bocas, después de que la empresa respondiera que era incompetente y que la información correspondía a una filial. Fue necesaria una resolución para que Pemex asumiera que sí tenía —o debía buscar— esos documentos. Esa dinámica plantea una pregunta de fondo. ¿Cuántas solicitudes sobre proyectos energéticos estratégicos terminan respondidas bajo “incompetencia” o “inexistencia” antes de llegar a un recurso de revisión?
Un tercer expediente lleva la opacidad un paso más allá. En 2024 se reportó que el Consejo de Administración de Pemex clasificó como “confidencial total” —sin límite temporal, a diferencia de una reserva ordinaria— el informe de evolución física y financiera de la refinería. Es jurídicamente una figura distinta a la reserva y requeriría, en principio, estar acotada a secretos industriales o comerciales concretos, no a un informe completo. Es también el caso con mayor potencial periodístico y el que exige más blindaje documental antes de publicarse: acta del Comité de Transparencia, fundamento legal exacto y una versión pública con testado selectivo, no una negativa total.
El cuarto patrón es más sutil porque no depende de una negativa expresa. Una investigación de Animal Político documentó en 2023 que el Portal Público de Contratos de Pemex dejó de permitir la descarga de contrataciones en Excel, función que sí existía antes en una página posteriormente deshabilitada. La información está “publicada”, pero no es reutilizable a escala, por qué no se puede auditar un universo de contratos si hay que abrirlos uno por uno. Transparencia formal sin transparencia funcional.
SENER aporta un quinto caso. La dependencia se negó a informar el presupuesto ejercido en Dos Bocas, pese a haber sido una de las principales vías de apoyo financiero al proyecto. El dato consolidado del gasto queda disperso entre SENER, Pemex, Hacienda y las filiales encargadas de la obra, sin que quede claro quién lo posee de forma completa.
El sexto caso es el más vigente. Al cierre de agosto de 2026, la actualización mensual de producción de crudo de julio no estaba disponible, rompiendo la pauta habitual de publicación de la Base de Datos Institucional. Es un caso que aún puede documentarse con series históricas. Cuántos días transcurren normalmente entre el cierre del mes y la divulgación, y si julio representa una excepción, el inicio de un rezago sostenido o el ocultar datos poco favorecedores.
Sobre estos cinco años se suma un actor nuevo que no puede juzgarse con el mismo criterio. La Comisión Nacional de Energía, en funciones desde mayo de 2025, absorbió facultades regulatorias que antes estaban repartidas entre la CRE y la CNH. No sería exacto atribuirle opacidad heredada, pero sí es válido preguntar si preserva la continuidad y la trazabilidad de los historiales regulatorios que antes existían en dos comisiones distintas. Completitud, oportunidad, continuidad y reutilización son las pruebas pendientes, no las conclusiones.
El patrón que conecta estos casos no es una sola decisión, sino una serie de mecanismos —reserva, fragmentación de competencia, confidencialidad total, deterioro funcional de portales, silencio presupuestal y rezago de publicación— que, sumados, reducen la capacidad de fiscalizar uno de los sectores con mayor peso fiscal y estratégico del país.
📌 Ficha del caso
- Sector: Energía (hidrocarburos y regulación)
- Instituciones involucradas: Pemex, SENER, INAI, CNE (desde mayo 2025)
- Periodo documentado: Diciembre 2018 – agosto 2026
- Mecanismos identificados: reserva de información, fragmentación de competencia, confidencialidad total sin temporalidad, deterioro de portales de datos abiertos, negativa a informar presupuesto, retraso en publicación de series mensuales
- Caso más vigente: retraso en la publicación de datos de producción de crudo de julio de 2026
- Frente en observación: trazabilidad regulatoria de la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE)
- Estatus: investigación en desarrollo — requiere solicitudes de transparencia, cotejo de resoluciones del INAI y verificación de portales primarios antes de publicación final
