El control volumétrico en terminales portuarias es el nodo más crítico para fiscalizar la cadena de valor de los hidrocarburos importados. Al cruzar en tiempo real los pedimentos aduanales contra las existencias físicas en los tanques de almacenamiento, la autoridad fiscal busca neutralizar el “huachicol fiscal” (contrabando técnico), una práctica delictiva que no solo genera pérdidas multimillonarias en la recaudación del IEPS, sino que distorsiona las condiciones de competencia efectiva frente a los competidores legítimos del sector energético.
El panorama general
La Dirección General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT formalizó la conclusión de la etapa inicial de una campaña de fiscalización electrónica masiva. Los procedimientos de auditoría se dirigieron de forma específica a las empresas comercializadoras privadas que operan infraestructura de almacenamiento de petrolíferos en las terminales portuarias del país, endureciendo la vigilancia sobre los reportes obligatorios de inventarios.
Los datos clave
- El mecanismo de control: Las auditorías electrónicas masivas se enfocan en la inspección detallada de los sistemas de almacenamiento y controles volumétricos de hidrocarburos.
- Cruce de datos en tiempo real: La estrategia de fiscalización se basa en confrontar de manera digital los volúmenes de combustibles importados declarados en las aduanas frente a los inventarios reales resguardados físicamente en los tanques de las terminales de los comercializadores.
- Objetivo de la campaña: El endurecimiento de las auditorías fiscales y aduaneras tiene como meta principal erradicar por completo los desvíos de producto y el contrabando técnico de petrolíferos.
- Impacto financiero: La autoridad tributaria busca detener el menoscabo que estas prácticas ilícitas provocan de forma directa en los ingresos tributarios del sector energético nacional.
Lo que sigue
Tras el cierre de esta primera etapa, el SAT emitirá los pliegos de observaciones y requerimientos de información adicionales para aquellas empresas privadas que registraron discrepancias entre sus reportes volumétricos y sus declaraciones aduanales. Las terminales portuarias que no logren desvanecer las inconsistencias en los plazos legales previstos se enfrentarán a la suspensión temporal de sus padrones sectoriales de importadores y a posibles procedimientos penales por contrabando.
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