La estrategia de política energética enfocada en alcanzar la autosuficiencia en la refinación de combustibles ha cobrado una factura histórica a las finanzas del país. De acuerdo con un cálculo especializado del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Petróleos Mexicanos (Pemex) ha acumulado pérdidas cercanas a los 100,000 millones de dólares en el periodo comprendido entre el año 2019 y el primer trimestre de 2026.
El organismo financiero expuso de forma contundente que esta visión del modelo operativo representa una “visión equivocada de la soberanía energética”, cuyo impacto directo deteriora la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal de la Federación a largo plazo. Según las cifras del instituto, procesar la poca gasolina que produce actualmente la empresa del Estado genera un boquete financiero mínimo de 10,000 millones de dólares anuales, un costo hundido crónico que año con año tiene que ser subsidiado e inyectado directamente por el Gobierno Federal para mantener a flote las operaciones del Sistema Nacional de Refinación.
Ante la pesada carga económica que la petrolera significa para el marco fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el IMEF insistió en la urgencia de aplicar una reforma estructural profunda al modelo de negocios de Pemex. La recomendación central consiste en abandonar por completo la refinación de gasolinas, una actividad que opera con pérdidas sistemáticas y destructivas de valor año con año.
El instituto de ejecutivos financieros explicó que esos 10,000 millones de dólares que se queman anualmente en las refinerías deberían reorientarse hacia la verdadera vocación rentable de la empresa: la exploración y extracción de petróleo crudo para su venta en los mercados internacionales. De haberse implementado una estrategia comercial guiada por criterios de eficiencia corporativa, la principal compañía del país habría sido capaz de amortizar y reducir su abultada deuda financiera por mérito propio, evitando convertirse en un lastre para el presupuesto federal y previniendo el constante debilitamiento del perfil soberano de México ante las agencias calificadoras internacionales.
A la par de las pérdidas estructurales en refinación denunciadas por el IMEF, las finanzas públicas del país enfrentan un segundo frente de presión derivado de los precios de los combustibles al consumidor final. Esta semana, el Gobierno Federal dio a conocer que destinó cerca de 20,000 millones de pesos para contener un repunte abrupto en los precios locales de la gasolina y el diésel, detonado por el alza internacional del petróleo ante la escalada bélica en Medio Oriente.
Este subsidio se ejecutó mediante la reducción del cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a los combustibles, logrando artificialmente los siguientes rangos de precio:
- Gasolina regular (Magna): Contenida en torno a los 24 pesos por litro.
- Diésel automotriz: Estabilizado en los 27 pesos por litro.
El costo de este estímulo fiscal impactó de forma severa la recaudación de la SHCP. Tan solo en el pasado mes de mayo, la dependencia reportó que el cobro de IEPS a gasolinas y diésel se contrajo un 27.6% a tasa real anual, capturando únicamente un monto de 28,126 millones de pesos.
Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que este sacrificio fiscal se compensa de manera parcial gracias a los mayores ingresos petroleros derivados del pago de derechos y las exportaciones de crudo a mayor precio internacional, la titular del Ejecutivo precisó que la prioridad de la estrategia gubernamental es defender el poder adquisitivo de los hogares mexicanos y contener las presiones inflacionarias, fijando una postura política que prioriza el control de precios sobre la disciplina de la recaudación tributaria.
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