El desarrollo de la terminal de licuefacción Amigo GNL, proyectada en la costa de Guaymas, Sonora, ha entrado en una fase crítica de parálisis legal que amenaza con descarrilar sus objetivos comerciales a largo plazo. La viabilidad del complejo permanece totalmente suspendida debido a una resolución judicial derivada de un juicio de amparo promovido por colectivos ambientalistas. Los análisis jurídicos y las estimaciones de los propios grupos demandantes señalan que la resolución definitiva de este litigio podría extenderse hasta por un año, un lapso durante el cual existe un impedimento legal absoluto para iniciar cualquier etapa de construcción u obra física en el sitio.
Esta ventana temporal de doce meses representa un duro golpe al corazón del cronograma logístico de la empresa desarrolladora, LNG Alliance Pte, que trabaja en coordinación con la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Guaymas, bajo la tutela de la Secretaría de Marina. La compañía mantenía como meta inamovible iniciar operaciones comerciales e inaugurar su primer embarque de gas natural licuado con destino al mercado asiático durante el segundo trimestre de 2028.
Sin embargo, al congelarse toda actividad durante el próximo año por orden de los tribunales, el calendario queda completamente condicionado. El proyecto no solo perderá esos meses en términos de obra civil, sino que, una vez que concluya el litigio —siempre y cuando la sentencia sea favorable para la empresa—, deberá comenzar desde cero el trámite para destrabar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante las autoridades federales, un proceso burocrático que añadirá meses adicionales de retraso a la inversión estimada de 6,800 millones de dólares.
Choque de narrativas: Permisos vs. freno ambiental
La prolongación del litigio por un año expone una profunda contradicción entre la realidad jurídica en los tribunales y el discurso optimista emanado de los gobiernos federal y estatal:
- La postura gubernamental: Durante una gira en febrero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a Amigo GNL y al gasoducto Naco-Guaymas, asegurando que el complejo ya contaba con la respectiva autorización ambiental. En sintonía, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó el 9 de junio que la planta disponía de todos los permisos necesarios, destacando el respaldo de costosos estudios financiados por la Unión Europea.
- La realidad jurídica: Activistas de la organización Nuestro Futuro rechazan contundentemente estas versiones. Nora Cabrera, directora y fundadora del colectivo, aclaró que Amigo GNL carece formalmente de autorizaciones en materia de impacto ambiental. La suspensión definitiva otorgada por el juez ordena a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) congelar el proceso de evaluación de la MIA presentaba por la empresa, determinando que la autoridad competente no podrá emitir ningún resolutivo ambiental hasta que el juicio de amparo de fondo sea resuelto, lo cual consumirá el citado año de litigio.
El recurso legal interpuesto argumenta violaciones graves al derecho a la información y a la participación ciudadana, acusando que el expediente de la MIA disponible al público contiene múltiples apartados testados (censurados) y oculta más de 15 anexos técnicos críticos. En dichos anexos deberían detallarse las medidas de mitigación para proteger a los grandes cetáceos y la fauna del Golfo de California, así como los análisis de riesgo para las comunidades humanas locales.
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De manera paralela a este freno ambiental, el proyecto sí logró avanzar en la trinchera regulatoria de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la cual otorgó el pasado 29 de mayo dos permisos clave: uno de almacenamiento de gas natural por una vigencia de 30 años y otro de licuefacción por 15 años. Para los ambientalistas, la emisión de estas licencias energéticas y económicas antes de contar con una base de viabilidad ambiental representa una grave inconsistencia que justifica mantener el freno en los tribunales durante el tiempo que sea necesario.
El escenario que mantiene en vilo a Amigo GNL durante un año no es un hecho aislado, sino el reflejo de una tendencia creciente en el país: la judicialización de los megaproyectos de infraestructura, energía y turismo. Las comunidades locales y las organizaciones civiles han encontrado en el juicio de amparo y las consultas públicas herramientas con un peso real para influir o frenar iniciativas multimillonarias.
Ejemplo de esto es la resistencia legal que enfrenta actualmente la cadena Royal Caribbean para la construcción de su muelle en Mahahual, Quintana Roo, debido a impactos potenciales en los arrecifes de coral. Gobiernos y consorcios suelen priorizar en su narrativa la derrama económica y el empleo; sin embargo, el caso de Guaymas demuestra que las cortes federales se han convertido en el verdadero árbitro del desarrollo, obligando a las empresas a internalizar los tiempos de litigio —muchas veces de años— dentro de sus matrices de riesgo financiero.
