La imposición de prisión preventiva justificada a un exfuncionario federal de primer nivel subraya la gravedad con la que el aparato judicial procesa actualmente los delitos de género. Al desestimar el argumento de salud por falta de sustento técnico y advertir riesgo de fuga, la resolución judicial prioriza la protección de la víctima y el principio de continuidad del proceso penal.
El panorama general
Durante la audiencia inicial celebrada en el estado de Morelos, un juez de control rechazó sustituir la medida cautelar por prisión domiciliaria. Como resultado, el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue ingresado formalmente al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, donde permanecerá recluido en lo que se define formalmente su situación jurídica en la próxima etapa constitucional.
Los datos clave
- Los cargos imputados: La Fiscalía General del Estado de Morelos formuló la imputación formal contra Rodríguez Padilla por su presunta autoría en tres delitos: violencia familiar, violencia psicológica y violencia vicaria.
- Rechazo a la prisión domiciliaria: La defensa del imputado solicitó el beneficio de resguardo domiciliario argumentando que el exfuncionario padece cáncer de próstata. Sin embargo, el juzgador desechó la moción debido a que los abogados no presentaron dictámenes médicos contundentes ni comprobaron arraigo local o domicilio fijo en Morelos, persistiendo el riesgo de evasión de la justicia.
- Ubicación y origen de los hechos: La carpeta de investigación detalla que la agresión física y verbal ocurrió el 15 de marzo de 2026 en un inmueble del municipio de Emiliano Zapata, Morelos. La víctima, María Felicia Jiménez, hizo público el caso el 26 de junio mediante la difusión de videos en plataformas digitales.
- Sede de la diligencia: El acto judicial se desahogó en la Sala 2 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya.
Lo que sigue
A petición de la defensa de Rodríguez Padilla, el juez concedió la duplicidad del plazo constitucional para el desahogo de pruebas de descargo. La continuación de la audiencia inicial quedó programada para el lunes 13 de julio a las 8:15 horas, sesión en la que el juzgador determinará si existen los elementos jurídicos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso penal.
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