La crisis financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha detonado un nuevo frente de batalla con su cadena de suministro más crítica. La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) ha emprendido una ofensiva pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las máximas autoridades de Hacienda (SHCP), Energía (SENER), Economía y la dirección de la petrolera estatal.
A través de una carta formal firmada por su presidente, Rafael Espino de la Peña, el organismo que agrupa a 49 de las principales empresas prestadoras de servicios de exploración y extracción de hidrocarburos en el país levantó la voz ante lo que califican como “graves irregularidades en el proceso de pago”. Esta protesta constituye la segunda llamada de atención abierta de la asociación, tras un pronunciamiento previo emitido el 25 de noviembre de 2024 por la misma parálisis financiera, la cual obviamente no se resolvió.
La raíz del conflicto actual expone una preocupante anomalía regulatoria y contable. AMESPAC reconoce que el Gobierno Federal implementó el mecanismo financiero denominado “Onyx” —operado en conjunto con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y la Tesorería de Pemex—, el cual ha permitido cubrir de forma parcial y ordenada los adeudos corrientes correspondientes a los ejercicios de 2025 y 2026.
Sin embargo, la asociación señala que lo “particularmente preocupante” es que, a julio de 2026, los adeudos relativos al ejercicio de 2024 permanecen congelados y pendientes de regularización. Tan solo respecto a la mayoría de sus agremiados, el monto reclamado asciende a más de 27,240 millones de pesos (aproximadamente 1,553 millones de dólares, tasados bajo un tipo de cambio referencial de 17.53 pesos por dólar). El saldo consolidado de la deuda de Pemex con el universo total de contratistas externos podría ser drásticamente mayor, oscilando entre los 94 mil millones y más de 400 mil millones de pesos según estimaciones sectoriales.
El candado burocrático del Sistema COPADE
La carta detalla de manera técnica que el pasivo de 2024 se divide en dos realidades operativas igualmente asfixiantes para las tesorerías privadas:
- Facturas vencidas: Documentos fiscales debidamente emitidos que han superado todos los plazos contractuales de pago sin recibir liquidez.
- Trabajos terminados sin facturar: Estimaciones de obras y servicios efectivamente prestados y concluidos que se encuentran atrapados en un limbo administrativo debido a la negativa o retraso en la emisión de la Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE) de Pemex. Sin esta clave digital regulada, las empresas están jurídicamente impedidas para subir sus facturas al sistema de cobro, ocultando contablemente el tamaño real del rezago operativo.
Contagio soberano: Los riesgos bursátiles del rezago
La ofensiva de AMESPAC no es una simple queja gremial; es una severa advertencia sobre los vasos comunicantes entre las finanzas de Pemex y el crédito internacional de México. El documento subraya que una parte considerable de las empresas de servicios petroleros afectadas son corporaciones transnacionales que cotizan activamente en mercados internacionales de valores. Por normatividad, estas firmas están obligadas a reflejar con total transparencia esta cartera vencida y prolongada en sus reportes financieros bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en EE. UU. (US GAAP) y las directrices de la Securities and Exchange Commission (SEC) y la New York Stock Exchange.
“Lo anterior compromete necesariamente la calificación de la deuda internacional de PEMEX y eventualmente la correspondiente a la deuda soberana”.
La falta de pago, advierte la AMESPAC, deteriorará el perfil crediticio de la petrolera pública, lo que por rebote arrastrará la nota de la deuda soberana de México debido al respaldo financiero implícito que el Estado otorga a su empresa pública más emblemática. Asimismo, la cúpula empresarial advierte que la asfixia económica a los contratistas de exploración y extracción terminará por comprometer los ambiciosos objetivos de inversión en infraestructura planteados en el recién anunciado “Plan México” del Gobierno Federal, ya que las empresas carecerán de capital de trabajo para iniciar nuevas obras.
Las cuatro demandas de la industria petrolera
Para destrabar el conflicto y evitar una degradación reputacional mayor ante los inversionistas internacionales, AMESPAC formuló cuatro peticiones urgentes y específicas a la administración federal:
- Liberación de COPADES: La emisión inmediata de las codificaciones pendientes para los servicios efectivamente prestados, concluidos y documentados durante el ejercicio 2024, permitiendo el inicio formal de su facturación.
- Mesa de Conciliación: La conformación de un grupo de trabajo conjunto entre Pemex, las autoridades federales competentes y los representantes de la asociación con el objetivo de revisar, conciliar y regularizar el rezago pendiente.
- Mecanismo de Pago 2024: Definir un esquema financiero claro, transparente y verificable para el reconocimiento técnico, facturación y liquidación definitiva de los adeudos arrastrados desde 2024.
- Respuesta Formal: Una contestación oficial por parte del gobierno dentro de un plazo definido que brinde certidumbre legal y reduzca los riesgos operativos y financieros que amenazan la producción de hidrocarburos.
