Las finanzas públicas de la federación han entrado en una fase de marcada rigidez e inmovilismo en vísperas de las negociaciones comerciales internacionales. Al cierre del balance del primer semestre de 2026, los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelaron un desplome generalizado del 17.3% en el gasto destinado a obras públicas, siendo el sector de la energía el más castigado con una contracción del 43% en sus asignaciones de capital en comparación con el ciclo anterior.
¿Por qué importa? Esta parálisis en el gasto de capital no es un hecho fortuito ni de simple subejercicio administrativo; responde a una estrategia de extrema cautela política y presupuestal ante el inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Con las mesas de negociación comercial tocando a la puerta y las persistentes consultas técnicas de los socios del norte en torno a la preponderancia de las empresas públicas del Estado (Pemex y CFE), el gobierno federal ha optado por enfriar el financiamiento a megaproyectos de infraestructura energética para evitar tensionar aún más el tablero diplomático, lo que a su vez frena el dinamismo económico nacional.
El costo de la parálisis: Presión sobre el Sistema Eléctrico
Los analistas financieros y agencias de calificación económica advierten que este freno en la inversión física del Estado compromete las metas de confiabilidad operativa a corto plazo y debilita la robustez del Sistema Eléctrico Nacional (SEN):
- Infraestructura en el limbo: El recorte del 43% afecta de forma directa el desarrollo de proyectos de ampliación de redes de alta tensión y subestaciones de transmisión, componentes críticos que actualmente operan al límite de su capacidad debido al incremento estacional de la demanda.
- Contradicción interna: Este freno en la inversión en obras públicas choca con los recientes anuncios de la CFE de inyectar más de 15,000 millones de pesos para la renovación de componentes urbanos (postes y medidores). La discrepancia confirma que el dinero se está concentrando en la contención de daños en redes de distribución local, mientras que los grandes proyectos de infraestructura de conectividad nacional permanecen congelados.
La sombra de las disputas comerciales del norte
La desaceleración de la obra pública energética actúa como un escudo temporal para los negociadores de la Secretaría de Economía. Washington y Ottawa mantienen bajo observación regulatoria los esquemas de despacho y los contratos estatales mexicanos.
Congelar provisionalmente el despliegue de nuevos activos o subsidios directos a la infraestructura de combustibles fósiles o generación exclusiva busca atemperar las demandas de los paneles internacionales. Sin embargo, los analistas recuerdan que “nadie trabaja para perder dinero”, haciendo eco de las alertas de la Coparmex sobre cómo la rigidez interna en precios tope y la parálisis de infraestructura amenazan con mermar la competitividad industrial del país justo en el año más importante para consolidar las cadenas de valor asociadas al nearshoring.
