Petróleos Mexicanos (Pemex) e instituciones de las Fuerzas Armadas —encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar)— intensificaron el despliegue de cuadrillas técnicas y militares permanentes en los derechos de vía de las regiones del Bajío y el Sureste del país. La movilización de emergencia responde a un repunte en la actividad delictiva y perforaciones ilícitas registradas durante el cierre del primer semestre de 2026.
¿Por qué importa? Más allá del volumen de combustible robado, el verdadero golpe letal para la empresa productiva del Estado es de índole operativa y logística. Cada vez que el sistema de monitoreo de Pemex detecta una pérdida de presión por una toma clandestina, el Centro de Control de la petrolera se ve obligado a cerrar las válvulas y suspender el flujo del poliducto para que las cuadrillas sellen la tubería de forma segura. Esta interrupción estrangula el suministro regular de gasolinas y diésel hacia las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD), forzando a Pemex a activar de emergencia la distribución mediante camiones cisterna (pipas), un esquema de transporte por ruedas que resulta significativamente más lento y costoso para las ya presionadas finanzas de la institución.
El cuello de botella financiero: El transporte por ruedas
La reactivación de los operativos de resguardo militar expone la vulnerabilidad de la infraestructura de transporte de hidrocarburos frente al crimen organizado:
- Efecto dominó en costos: Mover un barril de combustible a través de un poliducto es la vía más eficiente y económica para el sector. Sustituirlo por flotas de pipas incrementa los costos logísticos unitarios de distribución de forma exponencial, absorbiendo márgenes que Pemex requiere con urgencia para amortiguar sus pasivos financieros institucionales.
- Zonas críticas de intervención: El despliegue de las fuerzas del orden se concentró prioritariamente en los corredores del Bajío (históricamente afectado por el desvío de refinados de la refinería de Salamanca) y los estados del Sureste (donde la densidad de vegetación facilita los campamentos de extracción clandestina aledaños a Minatitlán y las cuencas de Tabasco y Veracruz).
La conexión con el “Huachicol Fiscal” binacional
Este reforzamiento en territorio coincide temporalmente con los informes de inteligencia financiera emitidos por agencias estadounidenses como la FinCEN del Departamento del Tesoro, los cuales estiman que el mercado ilícito ya controla entre una cuarta parte y un tercio de los combustibles comercializados en México.
Mientras que en el norte el desafío se concentra en aduanas bajo la modalidad de “huachicol fiscal” (haciendo pasar gasolina de Texas como aceites o lubricantes), en el centro y sur del país las organizaciones criminales siguen recurriendo a la perforación física y violenta de los ductos de Pemex. Para limpiar y blanquear este producto, los grupos delictivos dependen de intermediarios locales que utilizan facturas falsas para introducir la Magna y el diésel robados directo a la red formal de gasolineras del país, cerrando un lucrativo ciclo criminal que drena recursos fiscales tanto a Pemex como a la recaudación del IEPS de la Secretaría de Hacienda.
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